Una reforma electoral permitiría que los presos que estén en prisión preventiva en México, voten sin obstáculos en los centros penitenciarios para las elecciones presidenciales de 2024, reveló un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
De acuerdo con el estudio denominado “Modelos de votación electoral para las personas en prisión preventiva: países seleccionados”, desde 2019 las autoridades electorales mexicanas organizaron una primera prueba piloto para garantizar este derecho a toda esta población.
Esto, por la solicitud del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que, en 2019, resolvió que las personas en prisión preventiva tienen derecho a votar como cualquier otro ciudadano, aunque pierden esta garantía por su condición jurídica, según las leyes mexicanas.
En este sentido, el Instituto Nacional Electoral (INE) realizó una prueba piloto en 2021 a fin de garantizar dicha prerrogativa. Esta tuvo un resultado de participación superior a 94% en cinco centros penitenciarios mexicanos.
El estudio del IBD, perteneciente al Senado mexicano, y elaborado por los investigadores Juan Manuel Rodríguez y Miguel Ángel Barrón, reveló que dicho ordenamiento prevé que se garantice este derecho para las elecciones de 2024, cuando se elegirá a un nuevo presidente de México para un periodo de seis años.
Dicho análisis del IBD del Senado mexicano destaca que al menos cuatro países iberoamericanos como Argentina, Costa Rica, Ecuador y España ya cuentan con alguna normativa a partir de la cual se garantiza el derecho al voto de las personas en prisión preventiva.
Obstáculos para la aprobación de la ley
Los investigadores recordaron que para garantizar este derecho el INE lanzó una serie de obstáculos que podrían obstaculizar el voto de los reclusos mexicanos.
La principal: la necesidad de diseñar esquemas de coordinación con autoridades de los centros de detención, que permitan implementar procedimientos electorales y generar condiciones que fortalezcan el ejercicio del sufragio.
En este sentido, también señalaron la necesidad de diseñar esquemas de coordinación con las autoridades de los centros de detención. También de analizar y proponer a las autoridades mexicanas escenarios que permitan la participación de personas u organizaciones interesadas en el voto de las personas en prisión preventiva al interior de los centros de detención mexicanos.
“El modelo de votación elaborado por el INE para el voto de las personas en prisión preventiva solo reguló la prueba piloto para el proceso electoral federal 2020-2021. Empero, para las elecciones del año 2024 y subsecuentes, aún no se cuenta con un modelo de votación general o marco normativo para su elaboración. Por lo que hace a los modelo”, concluyeron los investigadores del IBD en su estudio.
