Autoridades judiciales y políticas revisan con lupa el comunicado que emitió el gobierno de Venezuela luego de la decisión de un juez federal en torno a Alex Saab.
Tal como lo informó El Tiempo, el 23 de diciembre el juez Robert Scola dictaminó que Saab no era ningún “enviado especial” de Venezuela cuando fue capturado en Cabo Verde en 2020. Por lo tanto, no tiene fuero diplomático y deberá ir a juicio por una megaoperación de lavado de activos superior a los 350 millones de dólares.
24 horas después, la Cancillería venezolana lanzó varios dardos contra el gobierno de Estados Unidos con el que ha venido adelantando reuniones confidenciales, de cara a la crisis del petróleo desencadenada por la invasión de Rusia a Ucrania.
En efecto, Estados Unidos accedió a liberar, en octubre, a los llamados sobrinos de Maduro, condenados por narcotráfico en cortes federales y logró que le entregaran a siete extrabajadores de Citgo, cinco de ellos con ciudadanía estadounidense.
Sin embargo, es claro que el caso Saab va a complicar posteriores acercamientos con Venezuela, quien ha insistido en que el barranquillero quede libre de inmediato. Y así lo reiteran en el comunicado del 24 de diciembre.
En los entrelíneas, que revisan agentes federales y miembros del Departamento de Estado, el comunicado declara que, al desconocer el supuesto fuero de Saab, Estados Unidos estaba violando su soberanía y tratados internacionales.
“Constituye una franca y grosera violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (…) ignora las obligaciones internacionales asumidas por los Estados Unidos de América como Estado Parte de ese instrumento internacional, incluyendo el deber de respetar la inviolabilidad e inmunidad de los agentes diplomáticos en su tránsito entre dos Estados”, señala la Cancillería.
Y aquí viene el párrafo clave. Para Venezuela, «la decisión judicial marca un peligroso precedente en las relaciones entre Estados, al permitir, a las autoridades estadounidenses, transgredir la inviolabilidad de la correspondencia oficial y del personal diplomático, a partir de una ilegítima y unilateral declaración de ‘desconocimiento’ de las autoridades del Estado acreditante, violatoria de la soberanía popular de Venezuela”.
En el texto luego se refiere a Saab como un hombre bueno a quien se le vulneran los derechos humanos al prolongar «su ilegítima privación de libertad y se suma a las violaciones al debido proceso e integridad personal de las que ha sido víctima desde su arbitraria aprehensión por las autoridades del gobierno de la República de Cabo Verde y su posterior secuestro a los Estados Unidos de América”.
“Estados Unidos está obligado a liberar a Alex Naim Saab, hombre bueno e inocente, en cumplimiento con el derecho internacional. Venezuela no descansará hasta que se haga justicia y se alcance su plena libertad”, remata el comunicado.
Para la justicia de Estados Unidos, sin embargo, Saab es un corrupto empresario al servicio del régimen que conoce los negocios ilegales de ese gobierno y acuerdos por debajo de la mesa con Turquía, Rusia e Irán.
Si el caso sigue por la vía judicial, el juicio contra Saab iniciará en enero de 2023. Sin embargo, en Caracas no descartan que puedan presionar su libertad en medio de los acercamientos reservados con el gobierno Biden.
La defensa del barranquillero, ahora con ciudadanía venezolana, no se ha pronunciado sobre su nueva estrategia. Pero El Tiempo estableció que se evalúa la falsedad de algunos documentos que presentaron para probar el supuesto fuero de Saab quien, contra todos los pronósticos, pasará su tercer fin de año en prisión.
