San Salvador.- Ana Vilma Cuéllar debió vencer el miedo para regresar después de dos décadas a La Campanera, un populoso suburbio de San Salvador, para recuperar una casa que nunca pudo habitar porque pandilleros se apoderaron de toda la zona.
«Es una alegría», dice entre lágrimas esta mujer de 62 años, quien confía en poder finalmente residir allí tras la «guerra» contra las pandillas emprendida por el presidente Nayib Bukele hace casi un año.
Su marido compró el inmueble en 2002 a una entidad estatal, pero nunca pudo ocuparlo.
«He pasado muchas cosas [dificultades]», indica esta extrabajadora de una maquila, que tuvo que arrendar otra vivienda en Ilopango, un suburbio capitalino controlado por otra pandilla.
La última vez que Cuéllar visitó La Campanera, en 2003, se marchó frustrada, porque el autobús en que viajaba fue blanco de disparos de pandilleros, con saldo de varios heridos.
Ahora se percibe un ambiente de seguridad en esta zona de pequeñas viviendas de clase trabajadora, que por años la pandilla Barrio 18 sometió a sus caprichos sin límite.
Cerco militar
Hasta hace un mes y medio, en La Campanera imperaban la anarquía y el temor.
Para no vivir bajo los designios de Barrio 18, muchas familias abandonaron sus casas, que luego fueron ocupadas por la pandilla. Sus «palabreros» (cabecillas) incluso las rentaban a quienes se sometían a sus reglas de convivencia.
Al vecindario ni siquiera podían ingresar los camiones municipales de limpieza ni las motos de repartidores de comida, y muchos hogares tenían conexiones ilegales de electricidad o televisión por cable.
Pero todo comenzó a cambiar el 3 de diciembre, cuando Bukele ordenó que miles de soldados y policías rodearan el municipio de Soyapango, donde se encuentra este vecindario.
Para facilitar su escape, los pandilleros rompieron las paredes de muchas viviendas y también desprendieron los números que identificaban a las casas.
El cerco militar fue una operación más de la «guerra» contra las pandillas declarada por Bukele en respuesta a una escalada de violencia que del 25 al 27 de marzo de 2022 dejó 87 asesinatos.
A petición del presidente, el Congreso aprobó entonces un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial, que ha llevado a prisión a unos 62.000 presuntos pandilleros.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y las oenegés Amnistía Internacional y Human Rights Watch cuestionaron la «suspensión de derechos básicos» y alertaron sobre la falta de «garantías judiciales» en El Salvador.
Pero según Bukele, el régimen de excepción permitió arrebatar el control que las pandillas tenían sobre el 80% del territorio salvadoreño.
«Fronteras imaginarias»
Tras la captura o huida de los pandilleros, a La Campanera llegan a diario personas que desean recuperar sus casas. Muchas fueron construidas por el estatal Fondo Social para la Vivienda (FSV), que ahora apoya los reclamos de sus legítimos propietarios.
Una casa usurpada donde los pandilleros habían montado una panadería y donde una vez quemaron a un agente de seguridad, ahora se convirtió en una delegación de la Policía Nacional Civil.
Al supervisar el proceso de recuperación de las viviendas en La Campanera, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, se declara «conmovida» por los testimonios de decenas de familias que bajo amenazas habían sido despojadas de sus hogares.
La odisea de esas familias era interminable, porque tampoco podían instalarse en vecindarios donde imperaba una pandilla rival, que establecía una frontera invisible.
«Ahora ya no existen las fronteras imaginarias de una colonia a otra» y «le estamos poniendo fin al desplazamiento forzado», asegura la ministra.
Los departamentos del país con mayor número de viviendas recuperadas son San Salvador (3.400), La Libertad (500), Santa Ana (300) y Sonsonate (150), según Sol. En La Campanera suman 500.
AFP
