Caracas.- La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela advirtió el lunes acerca de la limitación al derecho de asociación que puede implicar la ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, de concretarse su aprobación en la Asamblea Nacional electa en 2020 en una segunda discusión.
La Misión Independiente de la ONU manifestó su preocupación sobre el proyecto de ley que presentó el diputado y dirigente oficialista Diosdado Cabello, ante el Parlamento electo en 2020.
«De ser sancionada, la ley sobre ONG puede representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela«, advirtió la presidenta de la misión de investigación de la ONU, Marta Valiñas.
El pronunciamiento de la Misión Independiente de la ONU se suma a la denuncia de al menos 120 ONG que operan en Venezuela y que alertaron sobre el carácter represivo de la ley.
«La regulación impondría a las ONG, existentes y en proceso de formación, un conjunto de requisitos formales tan onerosos que le otorgaría al Estado una potestad cuasi permanente de suprimirlas. La ley está claramente orientada a limitar, no a facilitar el ejercicio del derecho de asociación«, añadió el experto de la misión de investigación, Francisco Cox.
Uno de los aspectos llamativos de la ley es el relacionado con las sanciones por incumplimientos, cuyas multas pueden ser de hasta 12.000 dólares por falta.
Más limitaciones
En su pronunciamiento, la misión de investigación designada por la ONU resalta que sus investigaciones en curso evidencian que las ONG vinculadas con la promoción de derechos humanos que operan en Venezuela enfrentan, de forma progresiva, más limitaciones en su funcionamiento, tanto jurídicas, como operativas y de financiación.
«Sin acceso a los fondos de la cooperación internacional, muchas de estas organizaciones inevitablemente van a desaparecer», resalta la misión.
Según el análisis preliminar de la misión de investigación, diversas disposiciones del proyecto de ley que presentó Cabello afectan los derechos a las libertades de asociación y expresión, recogidos en los artículos 52 y 57 de la Constitución, así como en las normas internacionales de derechos humanos que vinculan a Venezuela.
Control sancionatorio
Las facultades de control por parte del Ejecutivo para supervisar y sancionar «desviaciones de los sujetos que comprometan la soberanía nacional», como lo establece la ley, es otro de los aspectos resaltantes, de acuerdo con la misión.
«Esto expone a las organizaciones a una vigilancia permanente, incluso a través de un posible control policial o de inteligencia«, añade la instancia.
Las ONG defensoras de derechos humanos que recurren a instancias internacionales de derechos humanos o que reciben financiamiento extranjero pueden estar expuestas a sanciones por señalamiento de presuntamente comprometer la soberanía nacional, advierte la misión.
Riesgo para el espacio público
La falta de precisión en cuanto a la prohibición de actividades políticas o que «atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República», que destaca el artículo 15 del proyecto de ley, permite considerar e incluir todo tipo actividades de documentación, análisis y divulgación de información sobre políticas y prácticas gubernamentales, así como en materia de derechos humanos, de acuerdo con el análisis de la misión.
«Esta prohibición puede comprometer especialmente a las ONG dedicadas a la fiscalización del espacio público y democrático, lo que resulta particularmente significativo de cara a futuras elecciones. También puede afectar a las organizaciones que colaboran con las tareas de documentación de las que se nutren las investigaciones de la misión y otros organismos internacionales», destaca la misión.
La Misión Independiente, que designó en 2019 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, mediante la resolución 42/25, para investigar violaciones de derechos humanos en Venezuela desde 2014, destaca que el proyecto de ley se enmarca «en un patrón más amplio de restricciones al espacio cívico».
«El proyecto de ley de ONG refleja una vieja estrategia que ha sido aplicada en otros países. Se trata de un nuevo ataque a la sociedad civil defensora de los derechos humanos para silenciarla o eliminarla, otra vuelta al torniquete que asfixia las libertades de expresión y asociación en Venezuela», concluyó la experta de la misión, Patricia Tappatá.
El Pitazo
