Miles de manifestantes protestan este miércoles en las principales ciudades de Colombia en rechazo a las reformas que pretende implantar el presidente Gustavo Petro, el primer izquierdista en gobernar el país.
Vestidas de blanco y con banderas tricolor, ríos de personas marchan por las calles de Bogotá, Medellín (noroeste), Cali (suroeste) y otras ciudades con consignas como «No más Petro».
La calle está hablando, está hablando de manera masiva y está diciendo (que) no nos va a imponer una reforma a la salud (…) no nos va a imponer una paz total», dijo el exvicepresidente Francisco Santos (2002-2010), llave del gobierno derechista de Álvaro Uribe, mientras marchaba en la capital de 8 millones de habitantes.
Petro llegó al poder el 7 de agosto con una ambiciosa batería de reformas que aspira dar un vuelco al sistema sanitario, laboral y de pensiones y a las políticas de paz con miras a extinguir medio siglo de conflicto armado.
Hacia el mediodía de este miércoles miles de personas llegaban a la central Plaza de Bolívar en Bogotá, para oponerse a los proyectos de ley que el mandatario presenta estas semanas al Congreso, de mayoría oficialista.
En Cali una mujer entre la multitud levantaba una pancarta que rezaba «Pone al traficante antes que al comerciante, al delincuente antes que al empresario».
Protestas menos nutridas se congregaron el martes en distintas plazas del país, atendiendo al llamado del presidente a apoyar en las calles sus reformas.
Muy activo en redes sociales y en la plaza pública, Petro explicó algunos de los proyectos de ley en un largo discurso ante sus seguidores en Bogotá.
Gobernado por la derecha durante más de 200 años, el país se ve dividido tras los primeros seis meses de Petro en el poder.
Sus opositores critican la política conocida como «paz total» con la que explora distintos mecanismos de negociación para desmovilizar a rebeldes, narcos y pandilleros que siguieron en armas tras el acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las FARC en 2016.
También rechazan las reformas que buscan fortalecer al Estado y reducir la participación privada en la prestación de ciertos servicios, en un país con altos índices de corrupción.
