Familiares de los fallecidos en el incendio de una estación migratoria en Ciudad Juárez (México) presionan desde Estados Unidos para que las autoridades mexicanas les den información sobre la repatriación de los cuerpos y el proceso para lograr justicia por la muerte de sus seres queridos.
“Las autoridades mexicanas no responden”, dijo a EFE la guatemalteca Alba González, prima hermana de Roberto González Hernández, uno de los 40 migrantes que murieron el lunes 27 de marzo en suelo mexicano.
González está radicada en Los Ángeles (California) y sus familiares la buscaron para que les ayudara en el proceso. “No sabía que mi primo se había venido hasta después que pasó la tragedia”, advierte.
Desde el martes de la semana pasada se unió a la dura tarea para repatriar el cuerpo del joven. Su experiencia como intérprete del idioma quiché en EE UU le ha enseñado las grandes barreras que enfrentan los migrantes y sus familias al tratar con las autoridades y la burocracia, especialmente cuando se trata de indígenas.
Entre los muertos hay 6 hondureños, 7 salvadoreños, 7 venezolanos, 18 guatemaltecos y un colombiano. Se cree que la mayoría de migrantes de este último grupo son indígenas. De una víctima fatal más aún se desconoce la nacionalidad.
González cuenta que su familia presentó en Guatemala todos los documentos requeridos para la repatriación. Le dijeron que se comunicarían con ella pero ya han pasado varios días y no ha escuchado noticia alguna
El silencio es una forma de ignorarnos”, valora González. La joven tampoco ha logrado que le respondan las autoridades mexicanas. “Es mucha frustración y mucho dolor”, comenta.
La misma situación enfrenta la familia del venezolano Orlando José Maldonado Pérez, de 26 años, quien murió en el incendio. Aunque uno de los hermanos se encuentra en Florida, su condición de recién llegado no le ha permitido avanzar en sus reclamos.
Es por eso que Oraydee Mileyvi Maldonado Pérez, la hermana mayor, ha tomado la vocería de la familia. “Pido al Gobierno de México que nos devuelva el cuerpo de nuestro hermano para darle sepultura, que nos informen sobre lo que está pasando”, dijo a EFE en una llamada telefónica desde el estado de Táchira (Venezuela).
Cuenta que es poca o casi nula la información que ha recibido de las autoridades mexicanas, y tampoco ha recibido apoyo de las autoridades de su país.
Maldonado Pérez le gustaría viajar a México a recoger los restos de su hermano y ver de cerca qué pasó en el centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM) mexicano, pero no puede porque necesita una visa. Tampoco tiene recursos económicos.
Un llamado desde EE UU
En similar situación está la colombiana Laura Soto, quien vive en EE UU La joven ingresó al país en septiembre pasado con su novio, Julián David Villamil Arévalo, también colombiano. A ella le permitieron quedarse pero a él lo enviaron de regreso a su país bajo el Título 42, que permite expulsar a los migrantes por razones sanitarias.
Villamil viajó nuevamente a México en febrero para cruzar la frontera y reencontrarse con su novia. Estaba esperando la oportunidad cuando lo detuvieron poco antes de que se desatara el incendio. Se convirtió en la única víctima colombiana en morir en el siniestro.
El mayor deseo de Soto es poder obtener un permiso humanitario para viajar a Ciudad Juárez y después regresar a Estados Unidos y continuar su proceso de asilo. Hasta el momento no se ha podido, según dijo a EFE la joven.
