A la santa quiteña Marianita de Jesús, la cultura popular ecuatoriana le atribuye una frase: «Este país no se acabará por los terremotos, sino por los malos gobiernos». La santa murió en mayo de 1645, y todavía la cita se desempolva en cada crisis política con tintes proféticos.
Ecuador derrocó presidentes tras protestas civiles en 1997, 2000 y 2005. Y el martes 16 de mayo, Guillermo Lasso podría también perder el cargo si el Legislativo logra reunir 92 votos a favor de la censura y la destitución.
No obstante, al ecuatoriano de a pie la premonición de Marianita de Jesús, el calvario del actual Gobierno y la crisis política no le quitan el sueño. Sí, en cambio, le impactan la falta de empleo (el 31 por ciento de los 18 millones de ecuatorianos vive en la pobreza) y la agobiante violencia.
La tasa de muertes violentas por cada cien mil habitantes supera dos dígitos: en 2022, alcanzó 25 muertes por cada cien mil pobladores, 83 por ciento más que en 2021. Y en los cinco primeros meses de 2023, a los crímenes en las calles se han sumado nuevas expresiones de inseguridad: extorsiones y secuestros. Las primeras subieron en 300 por ciento en un año. Entre enero y marzo pasado, los casos denunciados de retenciones ilegales ya superaban la mitad de todos los reportados en 2022.
Por esto, los ecuatorianos miran con distancia la crisis política. Según la encuesta de Perfiles de Opinión, realizada entre el 29 de abril y el primero de mayo, solo el 65 por ciento de los entrevistados oyó hablar del juicio político contra el presidente Lasso. Un grupo menor (37 por ciento) sabe que el juicio se sigue por corrupción. Y apenas el 26 por ciento entiende que hay un posible delito de peculado, la causal por la cual la Corte Constitucional dio luz verde al enjuiciamiento a cargo del Legislativo.
Los datos los recoge el análisis de coyuntura de Icare, firma de análisis estratégico. Según las mismas fuentes, el 52 por ciento está a favor de destituir al presidente, y el 33 por ciento en contra. Una quinta parte de estos últimos afirma que esta administración, en funciones desde mayo de 2021, no ha hecho nada por el país. Y el 14 por ciento está indignado por la corrupción.
Caos e incertidumbre
El Legislativo ecuatoriano está compuesto por 137 asambleístas que asumieron sus funciones en mayo de 2021. La correlación actual de fuerzas es contraria al gobierno del derechista Lasso. Más bien es un híbrido aliado con la fuerza que gobernó entre 2007 y 2017, esto es, el movimiento político afín al expresidente Rafael Correa.
Lasso, quien llegó a la presidencia en mayo de 2021 en el tercer intento, se queda sin oxígeno. En junio de 2022, 18 días de protestas de indígenas y sectores sociales condujeron al Legislativo a plantear sin éxito su destitución.
Esta vez, el destino de Lasso está íntimamente ligado al del presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, un político con trayectoria local, que llegó al Pleno como el único representante de una organización de escaso peso en la esfera nacional. Su período termina el domingo, dos días antes de la votación para destituir a Lasso. Saquicela es el candidato del correísmo para retener por un segundo período la Presidencia del Legislativo. Si logra su propósito, el domingo 14 de mayo estará más cerca la destitución de Lasso, pues no es una casualidad que los votos para elegir dignidades en la Asamblea y para destituir al presidente Lasso se negocien en combo. Como dice la frase popular, “el ganador se lleva todo”.
«El país vive momentos de tanta tensión que parece que sobrevive con la respiración contenida; contar números es estresante», advierte a CONNECTAS la experta en análisis político Thalía Flores. «El futuro de todos está en juego», explica.
«El gran tema en el corto y largo plazo es la gobernabilidad de Ecuador», advierte por su lado Pedro Donoso, director de Icare. «Esto aplica tanto para el gobierno, que le apostó a la sobrevivencia y no a la gobernabilidad, como a los gobiernos autónomos seccionales».
De hecho, la organización político-administrativa territorial en Ecuador está a punto de cambiar autoridades. Como resultado de las elecciones seccionales de febrero pasado, ganadas principalmente por el correísmo, 221 alcaldes de igual número de cantones se posesionarán este mes, al igual que los prefectos de 23 provincias. El correísmo ganó las prefecturas y alcaldías de mayor representatividad, entre ellas en Quito y Guayaquil.
El Gobierno fue el gran perdedor en esa jornada. Aparte de tener una presencia débil en gobiernos seccionales, también fracasó en su intento por conseguir mayoría en una consulta popular sobre temas relacionados con la seguridad ciudadana. Precisamente, una de las cuestiones se relacionaba con la extradición de personas relacionadas con el crimen organizado transnacional.
La Constitución ecuatoriana prohíbe extraditar a los connacionales y el Gobierno no logró reformar esa norma.
Las denuncias
Justamente en medio de la campaña por la consulta, el Gobierno de Lasso recibió un golpe a su credibilidad. Un portal digital reveló audios que arrojaban indicios sobre irregularidades, pagos y favores en contratos de sectores eléctricos y energéticos. La investigación arrojaba sospechas sobre Danilo Carrera, cuñado del presidente. Las denuncias fueron subiendo de tono, hasta mostrar que Carrera era amigo cercano de Rubén Chérrez, pariente político de un alto funcionario gubernamental. A su vez, la Policía había investigado a Chérrez como parte de un expediente que involucraba a un ciudadano albanés con posibles vínculos con el narcotráfico.
La mafia albanesa no es desconocida en Ecuador. De hecho, informes antinarcóticos revisados por CONNECTAS indican que esa organización criminal opera en Guayaquil, donde constituyó empresas exportadoras de bananas, frutos de mar y otros productos perecibles. Como el puerto no cuenta aún con tecnología de escaneo, los mafiosos esconden la cocaína dentro de los alimentos, o en las paredes de los contenedores.
El asunto se volvió aún más siniestro cuando la investigación policial fue suspendida sin que el gobierno explicara las razones, y sobre todo cuando Chérrez apareció muerto con signos de tortura.
Lejos de renunciar a ir por la cabeza de Lasso, una comisión legislativa dominada por los correístas asumió las pesquisas con un nuevo enfoque: un entramado que se relaciona con el transporte marítimo del petróleo a través de la estatal Flopec. La Corte Constitucional acogió parcialmente la denuncia, al encontrar sustento en la tesis del peculado. Sin embargo, durante la sustanciación de pruebas en el Legislativo se detectó que el contrato de transporte petrolero no fue firmado en el Gobierno de Lasso. Pero aunque la Comisión de Fiscalización recomendó archivar el expediente, el Pleno no aprobó su informe y, sorprendentemente, llamó al juicio político, del cual no está dicha la última palabra.
¿Ante esta situación, qué puede pasar a partir de este martes con la crisis política ecuatoriana?
El correísmo y sus aliados logran 92 votos y el 18 de mayo destituyen a Lasso. Este de inmediato activa el mecanismo de disolución del legislativo y convoca a elecciones generales después de seis meses. Gobierna ese tiempo vía decreto y con control de la Corte Constitucional. (Esta figura se conoce como la ‘muerte cruzada’).
Este escenario ocurrió en la tarde del 17 de mayo: Lasso firmó la denominada «muerte cruzada», con lo que disolvió la Asamblea Nacional y podrá gobernar por decretos-leyes de urgencia económica mientras se realizan elecciones para presidente y legisladores.
La medida se da un día después de que iniciará en la Asamblea Nacional un juicio político en su contra por su presunta participación en el delito de peculado.
El correísmo y sus aliados logran 92 votos y destituyen a Lasso. Este NO activa ese recurso extremo y asume el vicepresidente actual, Alfredo Borrero.
El gobierno de Lasso evita la destitución. Fracasa el juicio político y como consecuencia estallan protestas en las calles, con pronóstico reservado. Este es el escenario que Icare considera el más plausible.
Como advierte la doctora en comunicación, experta en política y catedrática Caroline Ávila Nieto, «sin importar el resultado, la fragilidad política es tan profunda que es prácticamente imposible que el gobierno, ya sea con Lasso, Borrero o quien resulte de una posible muerte cruzada, pueda ejercer un plan de consensos mínimos. Llegamos a esto a partir de una errática gestión gubernamental y de crisis, pero también a una oposición que no logró articular adecuadamente la acusación. El vacío de las vocerías políticas fue llenado por medios digitales convertidos en actores políticos que arrinconaron a un gobierno sin faro».
Para ella, «asistimos a una clase política que ha perdido el rumbo ideológico y pragmático, que sin respeto por el criterio del ciudadano, ofrece y pide espacios de poder. De los partidos de alquiler a los curules rotativos». Un panorama que, en medio de la mala situación económica, la inseguridad rampante y la impotencia de la ciudadanía, parece darle, de nuevo en la historia ecuatoriana, la razón a Marianita de Jesús.
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