Acarigua.- Dirigentes vecinales de la urbanización Hacienda San José II, ubicada en la ciudad de Araure, exhortaron a las autoridades regionales a investigar los procesos de asignación de títulos de propiedad de dicha comunidad, alegando que han detectado ciertas irregularidades por parte de los representantes del Instituto Nacional de Tierras Urbanas.
Así lo advirtieron Dayana García, Bárbara Noguera y Elizabeth Dorante, exmiembros de Comité de Tierras Urbanas de esta comunidad, indicando que desde hace años, los residentes del urbanismo esperan por los documentos que les avalen como propietarios de la casas, trámites legales que se hicieron mientras estas ciudadanas eran parte de dicha instancia.
Destacaron que hace 10 días, específicamente el 21 de julio, asistieron a las oficinas regionales del ente, junto a una comisión de vecinos de la Hacienda San José II, solicitando una respuesta sobre los títulos de propiedad.
«Fuimos recibidos por la directora de este ente gubernamental, la ciudadana Marianela Borges, la cual, según sus declaraciones -con actitud déspota y grosera-, indicó que los papeles consignados por los habitantes de la comunidad se habían mojado y simplemente se perdieron”, expresaron las denunciantes.
-Consideramos que es una situación totalmente irregular, teniendo en cuenta que en la comunidad se ha presentado un problema a raíz de la adjudicación de terrenos de áreas verdes que han sido vendidos por este mismo instituto, sin consultar a alguna de las autoridades legítimamente constituidas del poder popular, como el consejo comunal y el Comité de Tierras Urbanas e, incluso, sin observación en lo dispuesto en la Ley de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos y Periurbanos, indicaron las voceras.
Destacaron que el organismo ha adjudicado por medio de venta, terrenos de las áreas verdes de la comunidad a personas ajenas, para uso y fines comerciales de forma que consideran arbitraria, “mientras a los propios habitantes de la comunidad no se les presta atención ni se ha realizado ninguna acción en favor».
En virtud de esta situación, la comunidad decidió hacer la denuncia pública y ejercer las acciones legales correspondientes al caso. «Queremos que se investiguen estas irregularidades que se están cometiendo desde la oficina del Instituto Nacional de Tierras Urbanas, ya que se tiene conocimiento que este tipo de situación se está repitiendo en otras comunidades de Acarigua-Araure. Hacemos un llamado a los alcaldes de ambos municipios y al gobernador del estado (Primitivo Cedeño) a que se atienda esta situación». (CNP 25.482).
