El más reciente informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) calificó como deficientes las acciones que realiza el Gobierno venezolano en materia de lucha contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero.
La ONG Acceso a la Justicia hizo un análisis en el documento Resultados de la evaluación del GAFI ¿Se protege a la sociedad civil en Venezuela? en el que expone que el Estado venezolano impone medidas de supervisión desproporcionadas a la organizaciones sin fines de lucro (OSFL), entre las que destacan las ONG.
El informe del GAFIC fue realizado por un equipo formado por representantes de España, El Salvador, la Federación Rusa, las Islas Turcas y Caicos y Nicaragua y contó con la revisión de representantes de San Martín, Curazao, el Consejo de Europa (Moneyval) y Estados Unidos.
Segun los investigadores, Venezuela no solo presenta deficiencias en cuanto a la evaluación y mitigación de riesgos de estos delitos a nivel institucional, sino que no ha conseguido demostrar que cuenta con políticas antilavado o contra financiamiento al terrorismo.
Recomendaciones sobre lavado de dinero no atendidas
El informe del GAFI hace 40 recomendaciones al Estado venezolano.
En cuanto al cumplimiento de las recomendaciones, de 11 indicadores, el Gobierno venezolano obtuvo la peor calificación posible en 10 de ellos. No existe un solo indicador en el que el país haya sido calificado positivamente.
Lo anterior se traduce en que las 40 recomendaciones tienen el peor grado de efectividad posible.
El GAFIC determinó que Venezuela no tuvo pleno cumplimiento de ninguna de las 40 indicaciones, dado que 9 fueron mayormente cumplidas, 26 parcialmente cumplidas y 5 se consideraron no cumplidas.
Entre los señalamientos de la evaluación figuran las graves deficiencias por parte del Estado venezolano en el cumplimiento de elementos básicos contra el lavado de capitales y financiamiento del terrorismo.
“El alcance de estas políticas contra el lavado de capitales y financiamiento del terrorismo es general y no se basan en los riesgos identificados. El país no ha podido demostrar que estos grandes objetivos se reflejen en acciones concretas”, reza el informe.
Raspados
Entre las 40 recomendaciones destaca las obligaciones de los Estados con las OSFL y cómo debe regularse su relación con ellas. La sugerencia del grupo internacional busca evitar que organizaciones legítimas sean utilizadas como medios para el financiamiento del terrorismo, evadir medidas como el congelamiento de activos o esconder el desvío de fondos.
El seguimiento excesivo hacia las organizaciones de la sociedad civil impide el pleno desarrollo de sus actividades, expone el documento.
El GAFIC condena que todas las OSFL sean supervisadas por el Estado venezolano
El informe revela que, según información de Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) existen 9.960 OSFL de las cuales solo 44 fueron calificadas de alto riesgo (0.44 %) y 84 de riesgo moderado (0.84 %) por lo que el 98,72 % son consideradas de bajo riesgo.
A partir de esto, luce desproporcionada la política estatal de vigilancia y control al que están sometidas la mayoría de las organizaciones en el país.
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