Shakira defraudó presuntamente otros seis millones de euros a Hacienda en 2018, cuando ya residía en España, mediante un “entramado de empresas” que le llevó a “simular” la cesión de sus derechos a empresas instrumentales. La Fiscalía ha dado a conocer este martes los detalles de la segunda querella contra la cantante colombiana, que ya trascendió el pasado mes de julio.
El supuesto fraude asciende esta vez a 5,3 millones por IRPF y otros 700.000 euros por el Impuesto sobre el Patrimonio. En apenas dos meses, Shakira se sentará en el banquillo de los acusados para hacer frente a la primera causa judicial, en la que está acusada de defraudar un total de 14,5 millones de euros.
La Fiscalía pide que la Interpol notifique a la artista, que reside en Estados Unidos, la querella y la citación para que declare como investigada por dos delitos fiscales.
La querella recuerda que, en 2018, Shakira vivía en una casa de Esplugues de Llobregat (Barcelona) junto al exdefensa del Barça Gerard Piqué y los dos hijos de ambos, por lo que debía pagar la totalidad de sus impuestos en España. En la declaración de ese ejercicio, sin embargo, omitió parte de sus ingresos y, en especial, los pagos millonarios obtenidos gracias a la gira musical El Dorado, que entre junio y noviembre de ese año le llevó a dar 53 conciertos en 22 países, sobre todo en Europa, Estados Unidos y América Latina. “Movida por el deseo de tributar lo menos posible”, Shakira Isabel Mebarak Ripoll “se sirvió de un entramado societario” y se dedujo gastos “que no procedían”, según el ministerio público.
Shakira derivó esos ingresos hacia empresas con domicilio en países donde apenas se pagan impuestos y “de alta opacidad”. La Fiscalía señala, además, que esas compañías son puramente instrumentales, es decir, que no tienen ninguna actividad real, puesto que “carecían de medios humanos y materiales” y su único objetivo es contribuir a eludir el pago de impuestos.
La empresa más relevante de ese entramado internacional es AC, con sede en Luxemburgo, que percibía (en virtud de un contrato de largo alcance firmado con Live Nation en 2008) ingresos por la cesión de los derechos musicales de Shakira. Desde que la cantante paga sus impuestos en España por voluntad propia (2015), había incluido todos los ingresos de esa empresa en su declaración ante la Agencia Tributaria. Pero en 2018 declaró solo el 75% con el argumento de que la empresa disponía de “importantes activos” y llevaba a cabo funciones vitales.
Nada de eso es cierto, según la Fiscalía. AC no era más que una “sociedad interpuesta” que “no llegó a ejercer ninguna actividad”. Pero la acusación va más allá: el activo más importante de esa firma luxemburguesa eran los derechos musicales de Shakira, que esta había cedido tan solo “formalmente” y mediante una serie de “contratos simulados”, sin ninguna voluntad real de cederlos. “Shakira mantuvo en todo momento”, concluye la querella, “la plena disponibilidad y dominio sobre sus propios derechos musicales”.
El País
