Araure.- Representantes de la Alianza Sindical del estado Portuguesa, conjuntamente con delegados de la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan), solicitan atención para las instituciones educativas del estado que se encuentran «muy» deterioradas, lo que representa una violación a los derechos humanos.
Este martes, 17 de octubre, en horas de la mañana, el grupo de defensores asistió con pancartas en manos a la sede del Ministerio Público, en Acarigua, para hacer entrega de las evidencias de las condiciones en que se encuentran diferentes planteles educativos de la región.
Ana María Velásquez, cordinadora de Fundehullan, señaló que entregaron un documento en el que exponen las carencias de las instituciones educativas como “Hermanas Peraza” de Acarigua, Centro Simoncito Inicial “Rosalía Campins”, Liceo Bolivariano de Turén “Enrique Darwin” y la Escuela Técnico Industrial “Simón Bolívar”, las cuales “han hecho historia en Portuguesa y es público y notorio la violación de derechos humanos, porque no se les garantiza la prestación de servicios en condiciones normales y no tienen salarios ni condiciones dignas».
Indicó que ni a los estudiantes ni al personal se les garantizan baños para hacer sus necesidades fisiológicas, estando expuestos a infecciones urinarias que originan más gastos a padres, representantes y docentes, en un país con salarios profesionales rezagados.
Pidió, dn nombre de la fundación y de la alianza sindical, que sean atendidas estas vulneraciones de derechos humanos, para los docentes y estudiantes del estado Portuguesa.
Limitada atención
Velásquez señaló que en esta oportunidad, al llegar a la sede del Ministerio Público, tuvieron una «limitada participación activa y pacífica», ya que a pesar de que el fiscal se vio obligado en recibir el documento, se “sentía” la negativa de atender al grupo de manifestantes.
Señaló que la lucha por un “salario digno” y mejores condiciones de trabajo, continúa. «Vamos a seguir insistiendo en organismos públicos como Inpsasel, Defensoría del Pueblo y en la misma Gobernación del estado Portuguesa».
Dijo, además, que esperarán cinco días hábiles para obtener respuestas por parte del MP y que harán seguimiento – y, de ser necesario- se movilizarán hasta la Fiscalía General de la República, para solicitar respuestas en el caso de los adultos mayores que “democráticamente” pasaron a nómina nacional. (CNP 13.114)
