Acarigua.- Rafael Muñoz Colmenares y su esposa Karina Valencia, productores de queso de Guanarito, fueron interceptados a las 6:40 de la mañana del sábado 11 de junio, por tres funcionarios, entre ellos una mujer, que andaban en motos.
No había ni siquiera una alcabala móvil. Los trabajadores agropecuarios entraban al pueblo, tras trabajar en su finca, ubicada en el caserío Guanaparo. Llevaban mercancía.
«Pidieron a mi esposo que se parara, que detuviera la marcha y que mostrara sus papeles, pero sabíamos a qué venían«, dijo Valencia, la esposa.
La ciudadana reconoció que no fue sorpresa para ellos la actitud de los funcionarios, que hoy están siendo investigados por el Ministerio Público, junto a tres más que luego se sumaron al «mal procedimiento» que efectuaron contra los productores.
El mismo fiscal del gobierno de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, informó a través de Twitter que la investigación penal se inició por los delitos de privación ilegítima de libertad y trato cruel contra los funcionarios Rosmer Pinzón, Jonatan Marín, Deixy Mujica, Kendey, Montilla, Gueiser Álvarez y Juan Roa.
«Es lo que hacen, quitarle todo al productor día a día, pero ya estamos cansados (…) A veces por desconocimiento, pero más por temor uno no denuncia; sin embargo, esta vez quisimos hacer eco de lo que nos sucedió porque ya estamos cansados. Cada vez que vamos a Guanarito o pasamos por allí es lo mismo. ‘Párate a la derecha’, ‘qué llevas ahí’ y a todo el mundo le quitan lo que llevan», contó la ciudadana.
Valencia da gracias a Dios que se les ocurrió grabar el incidente. El video fue difundido en redes sociales y se ha hecho viral, recibiendo miles de comentarios, incluso de otros productores que también han sido víctimas del «matraqueo» por parte de funcionarios policiales y militares, una práctica que ocurre en todo el país y que desde hace meses ha sido denunciada por las organizaciones gremiales, entre ellas Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro) y la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga).
«Mi esposo mostró sus papeles: cédula, licencia y los del vehículo, pero querían que se moviera para hacer una revisión en el comando. Como se negó, la funcionaria tomó los papeles y se los guardó en el bolsillo del uniforme, para obligarlo a ir con ellos (…) Nosotros nos defendimos desde el primer momento. Mi esposo les dijo que no podían secuestrarle sus papeles, pero no quisieron nada», relató Valencia, que junto a un amigo que los acompañaba, fue testigo del hecho.
Esposado
Sin ninguna justificación y sin haber encontrado un elemento de interés criminalístico, Muñoz Colmenares fue esposado. Cuando la situación se tornó más complicada, aparecieron tres funcionarios más.
«Nunca nos dijeron por qué se lo querían llevar. Es que no había motivos. Nosotros preguntamos si pensaban que estaba solicitado, pero sabíamos que no era así (…) Lo esposaron como un delincuente y así se lo llevaron», dijo Valencia.
Muñoz Colmenares duró más de tres horas en la comandancia policial de Guanarito, incluso fue trasladado a una revisión médico legal en el hospital de la población, con la pretensión de los funcionarios de procesarlo. A la médico que lo atendió, le informó que hasta había sido golpeado por los agentes de la policía. Así quedó asentado en la historia médica, según precisó Valencia.
Tras un par de llamadas hechas por su esposa, se logró notificar lo sucedido al fiscal superior de Portuguesa y en menos de un par de horas, el productor fue puesto en libertad.
A Valencia, en la misma comandancia policial, la intentaron persuadir para que no hiciera público el hecho. «Me dieron una charla para que no denunciáramos, ni hiciéramos nada (…) Cuando me entregaron a mi esposo me iban hacer firmar algo como que a él no le habían hecho nada».
La esposa asegura que todo fluyó porque el video se hizo viral y la denuncia pública «llegó a donde tenía que llegar». Este lunes 13 de junio, la pareja acudió a la sede del Ministerio Público en Guanare y formuló la denuncia. Las investigaciones comenzaron y los seis funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fueron presentados ante un tribunal de control e imputados a solicitud de la Fiscalía Octava del Ministerio Público, con competencia en derechos fundamentales.
Otros casos
El caso ha abierto la brecha para que otros hechos también sean atendidos por las autoridades. A través de otro video que circula en redes sociales, una productora de pescado del estado Barinas advierte sobre las irregularidades presentadas en una alcabala policial de la población de Santa Bárbara, justo en la troncal 005.
Señala en particular un suceso registrado el pasado jueves, 2 de junio, cuando funcionarios adscritos a dicha alcabala, sin orden judicial retuvieron un camión que transportaba pescado y que, hasta la fecha, se encuentra desaparecido.
«El día jueves, 2 de junio, fuimos humillados (…) Todas las semanas pasamos por esta alcabala, transportamos pescado de nuestra misma producción en un camioncito Ford, el mismo ha sido revisado por otros organismos y no arroja problema alguno», detalla la ciudadana que no se identifica.
La denunciante afirma que la unidad fue retenida porque se negaron a pagar «un porcentaje que no debemos pagar, ya que somos pequeños productores y estamos poniendo en riesgo el ingreso familiar».
En el audiovisual hace un llamado al gobernante Nicolás Maduro y a su fiscal Tarek William Saab a hacer justicia en nombre de los productores que, como ello, han sido víctimas de extorsión.
«Por favor, queremos justicia y saber dónde está el carro porque ni una orden de retención nos dieron y ésta es la fecha y no sabemos nada (…) así como nos está pasando a nosotros, está pasando con otros productores que son víctimas del abuso de estos funcionarios», advierte. (CNP 25.482)