«Hay un desgaste. Chile lleva en elecciones más de cinco años, una tras otra. Entonces la gente ya está cansada, (…) agobiada del tema. Dicen ‘¿qué nos asegura que esto vaya a cambiar?'», afirma Fernanda Ulloa, estudiante de Ciencias Políticas y presidenta de la juventud del partido político Evópoli (centroderecha), de 24 años.
Este domingo, 17 de diciembre, más de 15,4 millones de chilenos regresan a las urnas para decidir si aprueban o rechazan una segunda propuesta de Constitución que reemplace a la legada por la dictadura militar (1973-1990). La votación, según los analistas y la misma población, está marcada por el desinterés y hartazgo pues se trata de la quinta votación constitucional desde 2020 y, para muchos jóvenes, no responde a sus demandas de transformación social.
«En Chile nada va a cambiar porque a los poderosos, a los que mandan, no les interesa que las clases bajas y medias de este país avancen», añadió la universitaria Javiera Palacios.
«Los movimientos estudiantiles no tienen la fuerza que tuvieron, y no están movilizados por este plebiscito porque es entre la Constitución del 80 y una Constitución más a la derecha que la del 80», dijo a AFP Claudia Heiss, politóloga de la Universidad de Chile.
Poco interés
Según las autoridades electorales, 3.237 centros de votación abrirán sus puertas entre las 08:00 y las 18:00 hora local (12:00 a 22:00 GMT) del domingo y se espera que el resultado esté un par de horas después del cierre de urnas.
En el exterior, la primera votación se inició a las 8 hora local del domingo en las circunscripciones de Auckland y Wellington, en Nueva Zelanda, y luego se extenderá a otros países cuando sea la misma hora.
El voto en Chile es obligatorio y los electores corren el riesgo de ser multados si no acuden a las urnas.
Sin embargo, la votación tiene lugar en plenas fechas navideñas y con gran parte de la población entrando a sus vacaciones de fin de año, por lo que sondeos han vaticinado una participación menor al 85,7 % reportado en el plebiscito de septiembre de 2022, cuando los chilenos rechazaron de manera contundente la primera propuesta de carta magna.
«Iré a votar porque el bolsillo no soportaría una multa, pero esta Constitución no va a solucionar los problemas que tiene Chile», dice Pascual Castellano, un jubilado de la capital.
Un texto más conservador
Se trata del segundo intento para reemplazar la Constitución heredada de Augusto Pinochet, que mantiene divididos a los chilenos a pesar de que varias reformas eliminaron sus aspectos más autoritarios.
Una primera propuesta, apoyada por el gobierno de izquierda de Boric y sus aliados, tras las violentas protestas de 2019 que exigían profundas reformas sociales, se hundió en las urnas en septiembre de 2022, tras lo cual hubo una nueva elección de constituyentes en la que se impusieron la derecha y la ultraderecha.
Si se aprueba el nuevo texto, explicó a la agencia EFE Claudia Heiss, «sería la segunda Constitución más larga de América Latina».
Los grupos de derecha aseguran que esta larga nueva propuesta «recoge» las preocupaciones ciudadanas actuales, como la seguridad y la migración, y garantizan que su aprobación pondrá fin a los cuatro años de incertidumbre que provocó el estallido social de 2019.
El texto que se votará en el plebiscito, de 17 capítulos y 216 artículos, fue diseñado por el Consejo Constitucional, órgano donde la ultraderecha y la derecha tradicional contaron con mayoría, con 22 y 11 escaños, respectivamente, con lo cual la propuesta es mucho más conservadora que la actual carta magna.
En ese sentido, incluye puntos que han generado controversia como la consagración del «derecho a la vida de quien está por nacer» -una norma que la izquierda oficialista teme que choque con la aplicación de la ley que permite el aborto en tres causales-, la expulsión inmediata de los migrantes irregulares o la exención tributaria de la primera vivienda, en beneficio de las personas de mayores ingresos.
También contempla que el Estado pague por cada estudiante matriculado, en vez de asignar un presupuesto general a las escuelas, conservando la gratuidad en algunas universidades para los más pobres.
Sin financiamiento, se evapora el deseo de «educación pública, gratuita y de calidad», dice Catalina Lufín, de 22 años y presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.
Además, se fortalecen a las privadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), creadas en dictadura y muy criticadas por las mesadas que entregan.
Si finalmente se rechaza esta propuesta, seguirá vigente la actual Constitución y se cerrará, al menos durante este mandato, el debate porque el Gobierno ya dijo que no impulsará un tercer intento.
Con EFE y AFP
