Una necesaria labor humanitaria concluye en Nicaragua tras años de obstáculos. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) informó que cierra sus oficinas y abandona el país tras la petición directa del Gobierno.
«Por pedido de las autoridades nicaragüenses, el CICR ha cerrado su oficina en Managua, terminando así su misión humanitaria en el país», señaló la delegación para México y América Central en un comunicado, emitido el lunes 18 de diciembre.
La prensa local destaca que tras esta expulsión por parte de la Administración de Daniel Ortega se retira el único organismo internacional que quedaba en la nación para documentar las condiciones en las que permanecen los presos políticos.
Desde 2018 y tras la autorización de Managua, el CICR era la única organización global que había podido acceder a las diferentes cárceles nicaragüenses para constatar la situación de los detenidos, luego de que así lo solicitaran sus familiares. Sin embargo, con el paso del tiempo el Comité enfrentó varios obstáculos para cumplir con sus funciones humanitarias.
Acceso parcial y expulsión de su jefe de misión, los obstáculos al CICR en Nicaragua
En su declaración, el Comité Internacional de la Cruz Roja recordó que desde enero de 2019 se estableció una misión permanente en Nicaragua y que dos meses más tarde, en marzo, el CICR y el Gobierno de Ortega formalizaron un acuerdo para visitar a personas detenidas.
Las visitas debían realizarse “en silencio y en confidencialidad”, explicó en 2021 el entonces jefe de la misión, Thomas Ess.
Pero aun tras obtener el visto bueno de las autoridades, desde junio de 2021 los representantes del CICR dejaron de tener acceso para reunirse con los presos de la cárcel El Chipote.
Una situación que solo fue conocida públicamente hasta el pasado mes de marzo. Ex presos políticos detenidos a mitad del 2021 aseguraron que únicamente recibieron una visita del Comité Internacional de la Cruz Roja, debido a que la Administración de Ortega impidió su ingreso.
Otro de los grandes golpes para la misión humanitaria llegó en marzo de 2022, cuando Ess fue expulsado del territorio nicaragüense. El entonces director de la delegación indicó que la decisión, que le fue comunicada en una carta, tomó a la organización “por sorpresa”.
El CICR indicó que desconocía las razones. No obstante, la medida tuvo lugar en medio de una represión por parte de las autoridades locales contra organizaciones civiles y defensores de Derechos Humanos.
Tras confirmar la expulsión de la organización, el Comité remarcó que durante estos años sus operaciones se centraron en áreas exclusivamente humanitarias: apoyar a la Cruz Roja nicaragüense, prevenir y atender consecuencias humanitarias de la privación de la libertad y actividades de formación sobre el Derecho Internacional Humanitario, el marco jurídico aplicable a las tareas en las que participan las Fuerzas Armadas y de seguridad, así como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
No obstante, el apoyo que el CICR brindaba a la Cruz Roja local fue abruptamente entorpecido, cuando el pasado mayo el Legislativo –controlado por el oficialista Frente Sandinista– aprobó por unanimidad disolver la Cruz Roja de Nicaragua, que operaba desde 1931, tras acusarla de violar la neutralidad en las manifestaciones que el Gobierno denunció como un “intento de golpe de Estado” favorecido por Estados Unidos.
Tras esa decisión, la Administración de Daniel Ortega, en el Ejecutivo de forma consecutiva desde 2007, sustituyó a la Cruz Roja por un organismo adscrito al Gobierno.
La expulsión del CICR engrosa la lista de la persecución que por años han experimentado en Nicaragua activistas, candidatos presidenciales, y líderes de la Iglesia católica, entre otros.
Con EFE, AFP y medios locales
