Acarigua.- Los trabajadores de la división forestal de la empresa fabricante Cartón de Venezuela, antiguo Smurfit Kappa, se concentraron este jueves, 4 de enero, en la finca Tacamajaca, ubicada en el municipio Ospino, para exigir al Gobierno nacional el pago de los pasivos laborales.
Con pancartas en mano, los trabajadores de la empresa estatizada desde 2018, pidieron respuestas a la actual junta administradora sobre lo que se les adeuda en tickets navideños, bono de juguetes, así como el pago y disfrute de vacaciones, entre otros.
«Nos urge ser atendidos por la junta administradora. Este año, por primera vez, no gozamos los tickets de cena navideña, de los juguetes. Estamos pasando momentos muy difíciles. La próxima semana se debe iniciar la jornada laboral y empezar con nuevos proyectos, los cuales no tenemos”, afirmó Julio César Mendoza Salas, secretario general del sindicato Ustradesporto de Cartón de Venezuela en la división forestal de los estados Lara, Cojedes y Portuguesa.
Explicó que, a nivel nacional, son doce plantas del antiguo Smurfi Kappa Cartón de Venezuela, hoy Cartón de Venezuela, que están en manos del Estado y se encuentran en un momento bastante difícil, por lo cual exigen que el Ejecutivo nacional revise el funcionamiento de la empresa.
También dijo que nada más en estos tres estados (Lara, Cojedes y Portuguesa) son 270 trabajadores preocupados por el destino de la empresa, por cuanto no se conocen los proyectos que hay para el 2024, además de los pasivos que se vienen acumulando.
También se adeuda más de doce semanas de salario a las vigilancias. “Le deben todo el mes de diciembre», indicó.
Por su parte, Jorge Mujica, dijo que -en su caso- lleva cuatro años sin vacaciones y, además, le preocupa que cada día hay más invasores en los terrenos donde funciona esta empresa estatizada. “Entran y salen helicópteros, vienen personas de alto rango, les entregan propuestas y los trabajadores no sabemos qué es lo que pasa”, sentenció.
De igual modo, señaló que no sabe si hay permiso, pero ve que están aprovechando la madera de «nosotros». Lamentó, además, la apatía de las autoridades, ya que han ido a Fiscalía y Tribunales, donde solo los recibieron «la primera vez y listo».
Mujica pidió al presidente Nicolás Maduro su intervención porque presume que la división forestal «está sola” y desea que se haga justicia.
“La junta administradora está haciendo una mala administración y, por ende, nos urge que el Estado haga una revisión o le meta la lupa. No sabemos qué realmente están haciendo con los recursos que de aquí de Cartón de Venezuela, si se lo están llevando o lo están extrayendo”, afirmó por su parte Mendoza Salas.
Explicó que desde la división forestal, se envía la materia prima a las demás plantas. “Vemos con preocupación porque ha salido la materia prima, que es la madera, hacia Morcarpel, empresa donde procesa la madera para luego hacer las bobinas, es decir, el cartón, y así es distribuida a las demás plantas, pero no nos llegan los pasivos”, indicó.
También se quejó porque en cinco años de gestión del Estado, solamente los han dotado de un pantalón y un par de botas.
Dijo que, como representante de los trabajadores, desea que a la nueva junta administradora se incorpore la figura de ellos, tal como lo establece la Ley del Trabajo, en el artículo 149, ya que actualmente no tienen esa presencia. “No hay una comunicación con los trabajadores en este momento, no tenemos un plan o un proyecto para lo que es el año 2024”.
Investigación por corrupción
Cartón de Venezuela, durante el 2023, se vio envuelta en presuntos hechos de corrupción. El para ese entonces presidente de la junta administradora, Leoner Azuaje, fue detenido por la Policía Anticorrupción.
Posteriormente, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó la designación de fiscales para investigar el suicidio de Azuaje, quien supuestamente fue encontrado sin vida en el lugar de reclusión.
En la actualidad, se conoce que Jessi Árias, exmagistrado de la República, está al frente de la junta administradora de la empresa que ahora está en manos del Estado, luego de que en 2018 la compañía irlandesa cesara sus operaciones en el país, tras la expropiación paulatina de sus terrenos, desde el 2009. (CNP 13.114)
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