Daniel Noboa, presidente de Ecuador, convocó a una consulta popular para realizar reformas legales y enmiendas a algunos artículos de la Constitución a través de diez preguntas, principalmente sobre seguridad y justicia, aunque también plantea modificaciones en áreas sobre inversión y empleo.
Noboa firmó dos decretos ejecutivos el 9 de febrero en los cuales convoca a un plebiscito, con seis preguntas sobre seguridad y acción contra el crimen, y a un referendo, con cuatro preguntas sobre temas constitucionales sobre extradición, creación de judicaturas especiales, arbitraje en inversiones y contratos de empleo por horas y a plazo fijo. Las preguntas fueron revisadas por la Corte Constitucional.
El mandatario lanzó esta propuesta en medio de la crisis de seguridad que vive el país, luego de que el pasado 9 de enero se registrara una oleada de violencia por motines carcelarios y la fuga de varios cabecillas de grupos al margen de la ley, entre los cuales, alias ‘Fito’, líder de la banda criminal ‘Los Choneros’, una de las más poderosas del país.
Noboa, que asumió el poder hace dos meses y medio, respondió al aumento de violencia con un estado de excepción por al menos 60 días, que permite la actuación del Ejército y la Policía en las calles. Además, el gobernante decretó un “conflicto armado interno” en el país, a medida que ha anunciado distintas estrategias de seguridad para fortalecer las operaciones anticrimen.
Desde el 9 de enero hasta el 4 de febrero, la Presidencia de Ecuador ha reportado la detención de 5.804 personas, 237 de ellas acusadas de terrorismo, así como el aumento de operativos, incautación de armas ilegales y la baja de seis miembros de bandas delincuenciales.
Seguridad y extradición, puntos principales de la consulta
Dentro de las preguntas del plebiscito, se cuestionará a los ecuatorianos si están de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen controles de armas y otras municiones en las vías públicas. El texto también propone simplificar la ley de extinción de dominio, con la cual se busca que el Estado sea el titular de los bienes que hayan sido incautados.
De igual manera, se preguntará por un aumento a las penas por los delitos de terrorismo y tráfico de drogas, así como asesinato, trata de personas, extorsión, entre otros, perpetrados por las bandas de delincuencia organizada que han azotado el país durante los últimos años.
Los ecuatorianos también tendrán que decidir el futuro de la extradición, así como si el Gobierno puede reconocer el arbitraje internacional en temas de inversión y temas comerciales.
Ahora será el Consejo Nacional Electoral (CNE) el encargado de continuar con el proceso legal para establecer una fecha y convocar a los ecuatorianos a las urnas.
Las elecciones generales en Ecuador tendrán lugar el 9 de febrero de 2025
El CNE fijó este viernes 9 de febrero la fecha para las nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias, que se realizarán exactamente un año después, el 9 de febrero de 2025.
El 17 de mayo del año pasado, Guillermo Lasso, entonces presidente de Ecuador, decretó la muerte cruzada de su Gobierno, es decir, disolvió el Congreso y convocó a unas nuevas elecciones generales.
La decisión vino un día después de que la Asamblea Nacional de mayoría opositora iniciara un proceso en su contra, acusándolo de haber malversado fondos durante un contrato de la empresa pública de petróleo del país, Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).
El pasado 16 de octubre, Daniel Noboa se convirtió en el presidente más joven de la historia del país con la promesa de devolver la seguridad a la nación y podría volver a presentarse al cargo para un segundo mandato en febrero del próximo año.
Con EFE y medios locales
