El jefe de la delegación negociadora de la Plataforma Unitaria, Gerardo Blyde, afirmó este lunes 19 de febrero que es necesario que el oficialismo discuta el cronograma electoral «con quienes se acordó discutir, con la oposición de verdad», además de implementar una serie de acciones para garantizar unas elecciones competitivas, como un operativo nacional de Registro Electoral y facilitar la observación técnica internacional de estos comicios.
En una rueda de prensa, tras una reunión con la delegación negociadora del oficialismo y la representación de Noruega, encabezada por Dag Nylander, el abogado aseguró que «no se deberían estar abriendo consultas al mundo entero (…) sino certezas para unas elecciones». Reiteró que «la Plataforma, la delegación y la candidata» tienen como principal objetivo «la participación electoral este año», en base a lo acordado en Barbados en octubre pasado.
«Ni esta delegación, ni la candidata unitaria se han separado de la ruta electoral», reiteró.
El jefe negociador de la Plataforma Unitaria explicó que la reunión,, en la sede de la Alcaldía de Caracas, tuvo dos partes: una primera donde se consignó un escrito de 24 páginas sobre violaciones al acuerdo de Barbados, además de otro documento de nueve páginas con información sobre la escalada represiva en el último mes.
En la segunda parte del encuentro se increpó a su contraparte oficialista sobre por qué no se implementan avances sobre el tema electoral, así no esté clara una fecha para las elecciones presidenciales que, según lo acordado en Barbados, deben realizarse durante el segundo semestre del año.
Según dijo Gerardo Blyde, la representación de la Plataforma Unitaria solicitó la apertura de un nuevo operativo nacional de Registro Electoral, que incluya puntos en cada parroquia, y el avance para permitir la observación técnico electoral internacional, especialmente del Centro Carter, la OEA y técnicos de la ONU.
Sobre una eventual fecha para las presidenciales, el exalcalde mencionó que la Plataforma asomó que se respete «la tradición democrática» y se realicen durante el mes de diciembre, pero no se concretó algo en este sentido. Señaló que la propuesta opositora parte de la premisa de evitar tener coexistiendo las figuras de presidente constitucional y electo durante meses.
Entre los puntos pendientes entre ambas delegaciones negociadoras, reconoció Blyde, está la comisión de verificación y seguimiento a los acuerdos pactados en Barbados. El abogado señaló que dicha instancia, que debe estar conformada por representantes externos designados por el oficialismo, la Plataforma Unitaria y países garantes, no se ha creado todavía aunque existe el compromiso de lograrlo.
Además, negó que la reunión de este lunes obedeciera solamente al llamado hecho por la Asamblea Nacional –de mayoría oficialista– para construir un «calendario electoral». Indicó que, hace un mes, la Plataforma aclaró que no se retiraba de la negociación de Barbados y solicitaba una reunión entre los jefes negociadores y el mediador Noruega.
Unas semanas después, recibieron una invitación de Jorge Rodríguez para que acudieran a la discusión del cronograma, pero declinaron asistir. Luego se acordó este encuentro en Caracas.
Otro de los puntos que resaltó Gerardo Blyde es el escalamiento de la represión en el país, no solo contra actores políticos sino hacia defensores de derechos humanos, tras la detención de la presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel.
«El escalamiento lejos de revertirse, ha seguido incrementando (…) Todo el escalamiento y represión no contribuye en nada al acuerdo de Barbados. No se desescaló lo denunciado hace cuatro semanas», sentenció el exalcalde.
También se preguntó cómo el oficialismo pretende avanzar en una negociación, con miras a la reinstitucionalizacion del país, si no se cumplen los acuerdos firmados hasta la fecha.
Enumeró como violaciones al acuerdo de Barbados la campaña contra las primarias iniciada por la administración Maduro, la persecución de miembros de la comisión de primarias, con una investigación judicial suspendida; la suspensión por parte del TSJ de los efectos de las primarias; la persecución de los miembros de la Plataforma Unitaria y otros actores políticos; que se haya retomado el proyecto que criminaliza las ONG; la persecución de integrantes de partidos políticos y de la AN 2015; así como las «sentencias inconstitucionales» de la Sala Político Administrativa sobre María Corina Machado respecto a su inhabilitación.
Mencionó, además de la detención de Rocío San Miguel y sus familiares, la expulsión de la oficina técnica de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos del país.
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