No habrá un nuevo alto el fuego con el Estado Mayor Central, grupo disidente de la extinta guerrilla de las FARC. Lo anunció el ministro de Defensa, Iván Velázquez, en una rueda de prensa el martes 21 de mayo, tras ataques atribuidos al grupo armado.
No se pactará nuevo cese con el Estado Mayor Central en el suroccidente. Lo que ha mostrado esta organización criminal en esta región del país, los ataques contra la población civil alejan cualquier posibilidad de cese, declaró Iván Velásquez, ministro de Defensa de Colombia.
La decisión llega después de que el lunes, dos atentados tocaran el departamento del Cauca, en el suroeste del país. El primero fue perpetrado contra la estación de policía del municipio de Morales, ubicado a 41 km de la ciudad de Popayán. Este dejó cuatro muertos, entre ellos dos policías y también tres personas heridas, mientras que otro ataque con una motocicleta bomba en Jamundí, cerca de la ciudad de Cali, causó seis heridos.
El ministro explicó que no puede existir un compromiso real por parte del grupo armado y, como consecuencia, tampoco un alto el fuego. Además, argumentó que el objetivo del grupo es el “incremento de la riqueza a través del narcotráfico y de la minería ilegal, también de la extorsión”.
También subrayó la responsabilidad del frente Jaime Martínez del EMC en la crisis de seguridad que vive actualmente el departamento de Cauca. Velásquez señaló que la «única forma que tiene la organización» y «esencialmente el frente Jaime Martínez, que es responsable de estas acciones» «es acudir a atentados contra la población», ya que, según señaló, «no tienen la capacidad de sostener un enfrentamiento con las Fuerzas Militares».
“La ofensiva contra el EMC en el Cauca es total”
Frente a estos acontecimientos, el presidente colombiano, Gustavo Petro, tomó la decisión de reforzar la presencia militar en la zona conflictiva. “La ofensiva contra el EMC en el Cauca es total”, declaró el lunes en la red social X.
Un consejo de seguridad de emergencia se organizó el martes en el Cauca, donde se decidió mandar 100 carabineros de policía al departamento, además de drones y seis helicópteros, en un intento de retomar el control de la situación. El Ministerio de Defensa también ofreció recompensas de hasta 500 millones de pesos por información que conduzca a la captura de cabecillas del EMC.
“El mensaje es claro: todas las capacidades de la Fuerza Pública están enfocadas en estabilizar esta zona del Cauca para proteger a las comunidades”, insistió el ministro de Defensa.
Además, Petro destituyó el lunes al jefe del Ejército, el general Luis Mauricio Ospina, y nombró para este cargo al general retirado Luis Emilio Cardozo, según anunció el Ministerio de Defensa.
El Gobierno nacional confía en que la vasta experiencia y el liderazgo del general Cardozo Santamaría serán fundamentales para continuar fortaleciendo la seguridad y defensa de la nación.
Unas negociaciones de paz tortuosas entre el Gobierno y el EMC
La decisión sobre el alto el fuego entre las fuerzas del Estado colombiano y la mayor disidencia de la guerrilla —sumada a la situación de seguridad en el Cauca— sería un nuevo obstáculo en las ya difíciles negociaciones de paz entre las dos partes.
Los diálogos empezaron en octubre de 2023, diez meses después de que el Gobierno Petro había anunciado un alto el fuego contra el grupo armado. Pero en noviembre, se suspendieron una primera vez los diálogos por presencia de militares en la región del cañón del Micay, en el occidente del Cauca, epicentro operativo de esta disidencia.
Los diálogos se reanudaron dos semanas después, pero la situación se complicó en 2024 con la división en dos grupos del EMC. En abril, el Gobierno anunció que no negociaba más con la facción encabezada por Iván Mordisco, el máximo comandante de esta disidencia y cuyo grupo es considerado como uno de los más violentos.
Ahora los disidentes que siguen negociando con el Gobierno representan menos de la mitad de las estructuras armadas.
Por su lado, el EMC logró fortalecer su control territorial en esta zona, y en particular en el cañón del Micay, donde se concentran el 75% de los cultivos de coca del Cauca, según el monitoreo de cultivos ilícitos de la ONU.
Los 3.500 miembros del EMC son guerrilleros que rechazaron un histórico acuerdo de paz de 2016 entre el Estado colombiano y las FARC. Algunos expertos incluso afirman que el grupo logró edifica un «pseudoestado» en algunas zonas del sur de Colombia, incluso construyendo carreteras y escuelas.
Un nuevo golpe contra la política de paz de Petro
Con la llegada de Petro al poder en 2022, se inició una política de ‘Paz Total’ cuyo objetivo era negociar con todos los grupos armados, al mismo tiempo, con la ilusión de llegar al final de todos los conflictos que golpean a Colombia desde hace 60 años.
Este proceso se concretó en particular con la creación de una mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las negociaciones con este grupo son las más avanzadas hasta este punto, aunque el diálogo se ve regularmente bloqueado, cada bando acusando al otro no respectar lo pactado en las discusiones anteriores.
El último ejemplo de la dificultad del proceso de negociación con el ELN es la decisión del grupo armado de retomar los secuestros extorsivos porque el Gobierno «no respetó» su promesa de suministrarle un fondo multidonante, según argumenta el grupo.
De manera general, varios institutos de investigación cuestionan la eficacia del proceso de ‘Paz Total’ hasta ahora. Un informe de la Fundación Ideas para la Paz, publicado en febrero de este año, indica que algunos grupos armados suelen aprovechar el cese de los combates entre sus soldados y el Ejército colombiano —prerrequisito habitual para favorecer las negociaciones— para aumentar su control territorio.
El medio colombiano independiente ‘La Silla Vacia’ contabiliza ocho intentos de diálogos con grupos armados a través el país: el ELN, el EMC, la Segunda Marquetalia de las Farc, el Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, las bandas criminales de Medellín (Antioquia), las de Buenaventura (Valle del Cauca) y las de Quibdó (Chocó).
Con Reuters, EFE y medios locales
