Entre el 29 de julio y el 4 de agosto de 2024 se registraron al menos 79 ataques a la prensa independiente en Venezuela, 62 de ellos relacionados con las coberturas de las elecciones presidenciales o de las manifestaciones espontáneas desarrolladas en rechazo al resultado de los comicios, de acuerdo con el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).
«Esta documentación es alarmante, debido a que pone en evidencia un recrudecimiento del patrón sistemático de represión y control sobre la información de interés público en Venezuela», destacó IPYS en un balance publicado recientemente, en el que alertó que la cobertura periodística se tornó más riesgosa tras la publicación de los resultados oficiales ofrecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que otorgaron la victoria a Nicolás Maduro.
La organización resaltó que «altos funcionarios del oficialismo emitieron señalamientos contra la prensa independiente y equipararon la cobertura periodística de las manifestaciones ciudadanas antigubernamentales con delitos graves como incitación al odio».
Ataques a la prensa registrados por IPYS
Las violaciones documentadas por IPYS incluyen agresiones físicas o verbales (30); hechos de discurso estigmatizante (18); detenciones (7); medidas de censura (7); restricciones en Internet (7); restricciones administrativas (6); actos de hostigamiento judicial (3) y restricciones de acceso a la información (1).
«Estas formas de persecución subrayan la urgente necesidad de proteger a los periodistas independientes que están en el país, pues se está poniendo en peligro su vida e integridad personal», señaló el informe.
Trujillo fue la entidad con más casos denunciados (6), con agresiones a periodistas durante coberturas en la calle y mensajes estigmatizantes por parte del gobernador y un alcalde, seguida por el Área Metropolitana de Caracas (3). Los demás incidentes ocurrieron en Amazonas, Aragua, Bolívar, Carabobo, Falcón, Guárico, Sucre, Táchira, Vargas y Zulia (con dos cada uno), y en Anzoátegui, Apure, Barinas, Mérida, Miranda, Portuguesa y Yaracuy (uno en cada uno).En entornos digitales y transmisiones nacionales de televisión se registraron 25 hechos, 13 de ellos vinculados a comentarios y campañas de descrédito y criminalización contra quienes informan.
«Estas violaciones afectaron a 44 reporteros, siete corresponsales extranjeros, tres camarógrafos, tres directivos de medios y una reportera gráfica, así como dos periodistas y dirigentes políticos, de los cuales 37 son hombres y 23 son mujeres», indicó el balance de IPYS.Los principales responsables estatales de estas vulneraciones fueron los cuerpos de seguridad del Estado, implicados en 20 casos, principalmente en detenciones. Les siguen actuaciones de las gobernaciones y sus dependencias (6) y las alcaldías y sus dependencias (4), con mensajes estigmatizantes contra la prensa.
IPYS añadió que otros victimarios fueron las personas no identificadas y desconocidos en las redes sociales, con 12 casos, así como los proveedores de Internet, responsables de seis bloqueos a sitios web.
