El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció el aumento de la represión por parte del régimen de Nicolás Maduro. Un hecho que aseguran no había llegado a tales niveles en la historia de Venezuela.
En una publicación que hicieron en X explicaron que el nivel de persecución supera al de dictaduras como la de Augusto Pinochet, en Chile.
«Más de 2.400 personas detenidas arbitrariamente en 16 días, 150 detenciones diarias, superando ampliamente registros de las protestas del 2014, 2017 y 2019; el doble de detenidos-desaparecidos diariamente en Chile durante los meses de septiembre y diciembre de 1973, tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet». Así lo escribieron en su mensaje.
Criticaron también el uso desproporcionado de la fuerza y la coordinación entre fuerzas de seguridad y grupos paramilitares, que ha dejado 24 personas asesinadas en solo cuatro días, cifras no vistas desde 2019.
También recordaron hechos de violencia contra testigos y en centros electorales, lo que representó otra irregularidad en las presidenciales del pasado 28 de julio.
«Provea ha registrado al menos 50 casos de desapariciones forzadas, en los que las víctimas fueron detenidas ilegalmente por fuerzas de seguridad y grupos paramilitares, muchas veces sin que sus familiares tuvieran información sobre su paradero». Así lo añadieron.
Además, hablaron de la Operación Tun Tun, «una campaña de persecución masiva dirigida contra opositores, dirigentes sociales y manifestantes: Se han reportado allanamientos sin orden judicial, detenciones arbitrarias y actos de violencia y saqueo por parte de las fuerzas de seguridad».
¿Qué exige Provea al régimen de Maduro?
En la declaración, pidieron a la comunidad internacional que haga pronunciamientos contundentes y medidas para garantizar el respeto a los DD. HH. en Venezuela.
La ONG exigió que se haga una verificación independiente de las actas, con un monitoreo internacional efectivo, cruciales para proteger la voluntad venezolana.
A la ciudadanía a continuar exigiendo la publicación transparente de los resultados electorales y a mantenerse firmes en la defensa de sus derechos, documentando y denunciando cada abuso.
Por último, alertaron a la Corte Penal Internacional y su fiscal Karim Khan sobre esta política sistemática de represión que solo se ha acentuado. Por esta razón, consideran debe abrirse la investigación en la CPI por crímenes de lesa humanidad, Venezuela I.
