En un comunicado emitido este martes, 8 de octubre, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela condenó la represión estatal y paraestatal contra trabajadores y estudiantes luego de las recientes protestas en rechazo a los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, que han dejado un saldo trágico de al menos 23 muertos, decenas de heridos y más de 2.000 detenidos, según expresa el documento.
Aseguran que urge una reforma de las políticas públicas para abordar la crisis humanitaria y la situación del sistema educativo.
Los profesores han criticado las recientes medidas gubernamentales, como el pago fraccionado del aguinaldo sin incluir los bonos y el cambio de seguro de salud a Seguros Miranda, “seguro de maletín que pronostica la prolongación de la desatención a los profesores universitarios, cuando lo que corresponde hacer es transferir los recursos para salud y HCM a los Institutos de Previsión”, señalan.
Entre sus exigencias para el inicio del nuevo período académico está la liberación de los presos políticos, como los profesores Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Robert Franco, Salvador Rivera y todos los adolescentes presos, “quienes deben estar en las aulas, no en la cárcel”, así como respeto a la soberanía popular y verificación ciudadana de los resultados electorales.
En cuanto a las demandas laborales, los profesores solicitan el respeto pleno a la autonomía y la inviolabilidad de los recintos universitarios, el presupuesto justo para atender los campus y negociación de las condiciones de trabajo y remuneración de los profesores universitarios con su gremio.
En el documento, plantean que los cargos de Instructor a Tiempo Completo deberían tener un ajuste salarial que comience en 800 dólares mensuales, la inclusión de los bonos de alimentación y guerra económica en el cálculo de los aguinaldos, y la activación de pagos por deudas en salud, prestaciones sociales y deudas por acuerdos federativos: HCM y contingencia médica.
Otras exigencias que resalta el comunicado son: amparo efectivo y suficiente a la atención en salud de los universitarios y su grupo familiar, con el incremento al 5% de la nómina anual actualizada de sueldos básicos del personal docente y de Investigación, los aportes del Estado para mejorar los planes de HCM dependientes de los IPP; el incremento al 5% de la nómina anual básica actualizada del personal docente y de investigación; los aportes del Estado orientados a financiar los siniestros que excedan las pólizas de HCM dependientes de los IPP y la garantía de la realización de un (1) examen médico integral una vez al año.
Solicitan también la incorporación de un fondo para enfermedades catastróficas, ayudas especiales para tratamientos correctivos, seguro de vida y accidentes personales, el cálculo y pago de la deuda por prestaciones sociales indexadas a todos los jubilados a partir de su reconocimiento como deuda de valor, el pago de la deuda por retenciones secuestradas a las asociaciones, institutos de previsión, fondos de jubilaciones y cajas de ahorro, e indemnización por la depreciación causada.
Además de las reivindicaciones laborales, los docentes enumeraron el patrón de violaciones a los derechos humanos, conformado por detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, maltrato, irrespeto al debido proceso y condiciones atroces de reclusión, ataque a trabajadores de la prensa, medios de comunicación y a la libertad de expresión de la ciudadanía.
«Los ciudadanos han sido expuestos a acusaciones de instigación al odio y terrorismo, anulación de pasaportes, despidos masivos de servidores públicos por razones políticas, intimidación a usuarios de redes sociales, inspección ilegal de contenidos en los dispositivos móviles de los transeúntes y bloqueo de portales».
Finalmente, el gremio hace un llamado a sus afiliados a impulsar actividades en defensa de sus derechos y de la democracia en Venezuela, reafirmando su compromiso con la verdad y la justicia.
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