La Asamblea Nacional (AN) del 2020 aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperial y por la defensa de Venezuela, una iniciativa que surgió como respuesta a la Ley HR 825, también llamada Ley Bolívar, aprobada la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y que para el gobierno de Nicolás Maduro intenta doblegar a Venezuela con más sanciones y persecución.
«Cada vez que intenten agredir responderemos con una sonrisa pero con fiereza. No le vamos a permitir ni una más a esas ratas del imperio», expresó el presidente Jorge Rodríguez, luego de la votación del proyecto, que fue aprobado por unanimidad en la sesión ordinaria de este jueves 21 de noviembre. El parlamentario dio un lapso de una semana para la redacción de la norma y la realización de la segunda discusión.
Con el proyecto de ley se propone castigar directamente a funcionarios, dirigentes y ciudadanos que respalden o inciten, según los criterios del Estado, la aplicación de sanciones «contra el pueblo». El proyecto, que obtuvo el carácter orgánico, fue presentado a la plenaria por el diputado Carlos Mogollón.
Según Mogollón, el proyecto de ley nació del «clamor» ciudadano que, afirmó, ha sido víctima de medidas que se constituyen en supuestos delitos de lesa humanidad contra todos los sectores de la población.
«Esta ley surge como herramienta para sancionar a las personas que junto con países gestionen, pidan o coadyuven de cualquier forma a la confiscación de bienes y obstaculicen la real economía venezolana con el fin de evitar la impunidad», comentó.
Apuntó que el proyecto consta de 18 artículos y plantea la inhabilitación por el doble de la máxima pena a quienes se alíen con agentes extranjeros para afectar con sanciones a la gente. Luego, el diputado Jorge Rodríguez recalcó que esta inhabilitación debe ser perpetua.
Carlos Mogollón, quien preside la comisión especial que se creó para la formulación de esta ley, destacó que el proyecto, una vez que se convierta en ley y entre en vigencia permitirá la facilitación de la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio «para los que promuevan, hagan apología a la aplicación de sanciones».
El parlamentario leyó a la plenaria parte de lo que establece el artículo 2 de la ley. De acuerdo con su exposición, este dice que «en caso de que el procesado o acusado se niegue a asistir a las audiencias preliminares o de juicio, se entenderá que no quiere hacer uso de su derecho a ser escuchado por lo que se le asignará un defensor público (…) si no se quiere someter al proceso entonces el pueblo, invocando lo derechos de protección de las víctimas los juzgará en su ausencia».
Más allá de la inhabilitación
La diputada Iris Varela también participó en el debate del Proyecto de Ley orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperial y por la defensa de Venezuela. A su juicio, el instrumento había sido anhelado por el pueblo que «ha visto como los mecanismos de justicia han sido esquivos para meter en cintura y resarcir el daño que ciertos apátridas le han hecho a la República».
Varela propuso que la persona que sea declarada culpable por apoyar las sanciones -acción que para el Parlamento constituye traición a la patria- se le anule los documentos de identificación y de registros de las empresas que sean propiedad de estos ciudadanos.
Aclaró que «si bien quien traiciona a la patria, renuncia a su nacionalidad, somos conscientes que la Constitución establece que los venezolanos no pueden ser privados de ella».
Explicó que «nadie» puede decir que la medida atenta contra la Constitución. Argumentó que la Carta Magna en su artículo 44 dice que las penas no pueden pasar de más de 30 años de cárcel «en el caso de las penas privativas de la libertad». Alegó que en este caso se trata de inhabilitaciones políticas, por lo que la medida no es írrita.
Oposición en la AN levanta la mano
La bancada de la oposición levantó la mano en favor del proyecto de ley. En nombre de la Alianza Democrática, el diputado José Gregorio Correa manifestó su respaldo a la iniciativa legislativa bajo el argumento de que los bloqueos y las sanciones no solo afectan a una cúpula de funcionarios.
«¿Sanciones para quiénes? Para personas que no tienen nada que ver con la vida pública», comentó el parlamentario opositor desde la tribuna de oradores. El diputado cuestionó que las sanciones tengan ventajas para los ciudadanos dentro del país. Calificó el instrumento de «necesario y oportuno». Afirmó que la norma debe entrar en vigencia para evitar la impunidad.
Insistió en el hecho de que los mismos dirigentes que han respaldado y celebrado la creación y votación de la norma por parte de la Cámara de Representantes de EEUU, van a querer participar en las elecciones regionales que de acuerdo con la constitución deben realizarse el próximo año 2025.
«Esos mismos que deambulan por Altamira, Los Palos Grandes, van a querer el año que viene van a decir que quieren ser gobernadores porque quieren montarse en una oda del pasado».
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