Familiares de presos políticos protestaron la mañana de este lunes 9 de diciembre para exigir la revisión judicial de todas las causas, así como su liberación inmediata antes de que finalice el año.
Los familiares de los presos políticos, detenidos en las cárceles de Tocorón, Tocuyito, El Rodeo o El Helicoide, entregaron denuncias individuales ante el Ministerio Público, además de un documento colectivo donde no solo piden la libertad inmediata, sino el cese de traslados arbitrarios, que se garantice una atención médica adecuada así como el ingreso de alimentos y medicinas.
El grupo también reclamó al fiscal general, Tarek William Saab, sus declaraciones en las que afirmó que «todos son terroristas» y no han recibido denuncias de violaciones a los derechos humanos. Por primera vez en cuatro meses, funcionarios se acercaron a la protesta para conversar con algunas personas, tomar sus datos y pedirles que «entreguen las pruebas».
Un funcionario comentó que «se están haciendo las revisiones, pero son muchos casos y necesitamos que traigan las pruebas». También llamaron a los familiares de adolescentes detenidos a presentarse. Dentro del MP los recibió Julio García, de la división de delitos contra funcionarios públicos, enviado por Saab a atender a los familiares.
«El que no está pasando por esto no lo entiende. Hay mucha gente que se ríe, pero es muy duro todo esto, sobre todo porque son inocentes de todo lo que lo están acusando. Para ellos es doloroso estar encerrado y ver tanto dolor de sus familiares. Nosotros no estamos mendigando, exigimos libertad. Merecen su libertad porque no han hecho nada malo», aseguró Nelibert Reque, esposa de Roiner Blanco.
A Blanco lo detuvieron el 30 de julio en una alcabala de la PNB en el sector Los Flores de Santa Teresa del Tuy. Allí le pidieron los papeles de la moto, le dijeron que lo iban a radiar para comprobar algún antecedente y lo mantuvieron junto a otras personas. Pasadas algunas horas, le dijeron que los iban a trasladar al comando en Altos de Soapire, donde les darían «una charla de 40 minutos».
La charla nunca ocurrió. Un camión de la Guardia Nacional llegó al comando a las 7:30 p.m. y se lo llevó detenido junto a otras personas.
«Desde allí le han violado todos sus derechos. Él no hizo nada malo, nunca estuvo por la tranca de Cartanal», afirmó Nelibert.
Ahora Roiner Blanco espera la primera audiencia de juicio por los supuestos delitos de terrorismo, incitación al odio, obstrucción de la vía pública y resistencia a la autoridad. El joven fue trasladado el pasado 5 de diciembre a la cárcel de Tocorón desde Yare III.
«Esto lo ha impactado mucho pero trata de mantenerse fuerte por nuestra hija de 13 años, por el bebé que viene en camino, y por él mismo. Por toda la familia. Pero es duro, se le ve la tristeza y el decaimiento. Cuando le permiten la llamada me doy cuenta que está sufriendo», señaló Nelibert Reque.
Entre las peticiones de los familiares también está la creación de una mesa de trabajo entre el Ministerio Público y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, para «expresar sus preocupaciones y transmitir de forma directa las condiciones de salud y reclusión de los privados de libertad».
Sonia Mujica es la madre de Leonardo Rojas, un operador de Planta y Subestaciones Eléctricas de Corpoelec detenido el pasado 3 de agosto por una comisión de la Dgcim. Denunció que el fiscal 58 nacional, Ernesto Dueñez, les dijo que dejarían de trabajar esta semana y retomarán labores el 20 de enero, lo que detiene las audiencias de juicio.
En cárceles como Tocorón, donde se encuentra Leonardo Rojas, también les dijeron que las visitas serán suspendidas a partir del 12 de diciembre.
«En Venezuela la justicia se va de vacaciones, nosotras no nos vamos a ir (…) Hago responsable al Estado venezolano, al fiscal Tarek William Saab de cualquier cosa que le pueda pasar a mi hijo allá», expresaron.
A Rojas lo detuvieron tras llamarlo a una «reunión» en la sede de Corpoelec en La Trigaleña (Valencia, estado Carabobo) y fue presentado el 7 de agosto en el Palacio de Justicia. Sonia ha entregado diversas comunicaciones y pruebas a la Fiscalía y Defensoría del Pueblo, pero ninguna ha recibido respuesta hasta la fecha.
Madres: «se burlan de nosotras»
Las madres rechazaron que las autoridades «se burlen», al prometerles visitas y luego trasladar a sus hijos a otro centro de reclusión, como ocurrió con los detenidos en Yare III el pasado jueves 6 de diciembre.
Manuela González, madre de Anthony Quijada, y Jenny Barrio, mamá de Junior Enrique Arrieta, pasaron por esta situación. También denunciaron las humillaciones y requisas invasivas a las que han sido sometidas en Yare III tras denunciar públicamente la situación de sus hijos.
«Entramos desnudas, nos pegaron a la pared, de rodillas, ábranse su vagina y de allí nos alumbran con cámaras de teléfono y con una lámpara. Me sentí violada sin penetraciones, pero me sentí violada. Después me decían ‘puje como si estuviera pariendo’. Yo no sé si nos estaban grabando con el teléfono o nos estaban alumbrando (…) Nos están tratando como las madres de los peores delincuentes que hay en Venezuela. Por Dios, tengan humanidad y todavía dicen que una música nos está humillando como mujeres, pero está es la peor», afirmó Jenny Barrio.
Por su parte, González respondió a los comentarios que han hecho funcionarios y fiscales del MP al solo ver a las madres declarando en las protestas. «Yo tengo hijos que desde hace cuatro meses no abrazo, una nieta, una madre, su abuela que también llora. Para que está madre esté aquí, hay un padre que trabaja para poder sostenerme aquí. Mi hijo tiene la esposa de su papá, y al esposo de su mamá, tiene dos padres y dos madres que hoy día están luchando por él. Ya basta de humillaciones».
Su hijo, de 23 años y detenido el 29 de julio en Barcelona (estado Anzoátegui), llamó a su padre para decirle «que no lucharan más por él» tras el último traslado. Su madre también lamentó que Anthony haya pasado hasta la fecha por tres cárceles de máxima seguridad.
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