Acarigua.- El proyecto de Ley del Sistema Tributario de Portuguesa establece impuestos regionales y le atribuye a la Gobernación, a través del Servicio Autónomo de Rentas del Estado Portuguesa (Sarep), competencias exclusivas de organismos que dependen del Poder nacional, como el Seniat, el Inti y el Insai, lo que ha generado preocupación en el seno del sector económico de la entidad.
«El sistema tributario corresponde al Poder nacional, así que vemos que esta norma es inconstitucional, pues invade la esfera nacional. Esa ley no se adapta ni a la realidad ni a los habitantes. A medida que se avanza en el conocimiento de este proyecto, preocupa que se ha distorsionado la competencia asignada a los estados por la Constitución Nacional y se ha disfrazado, mediante la liquidación de timbres fiscales, el cobro de unos tributos que competen a otros estratos del poder público», explicó la abogada tributarista, Mariela D’Lima.
Indicó que la ley -que será discutida por el Consejo Legislativo del Estado Portuguesa (CLEP)-, implicaría el “ensanchamiento” de una base de contribuyentes que no se corresponde con los planes nacionales de incentivar la formalización de emprendedores, con exoneraciones de derechos de registro y líneas de crédito preferencial desarrolladas por la banca, sobre las cuales ahora se pretenden establecer impuestos regionales que prácticamente “castigan” estas nuevas actividades.
De igual modo, sostuvo que la ley disminuirá las fuentes de empleo y propiciará la migración de empresas, si se pecha con el cobro de tributos regionales a la producción industrial y las exportaciones, “algo que ni siquiera hace el Gobierno nacional”, por tratarse de una política financiera para atraer inversiones extranjeras y desarrollo, con las que se pueda aumentar el Producto Interno Bruto (PIB).
Precisó que, junto a otros juristas y representantes de Fedecámaras Portuguesa y de la Cámara de Comercio e Industria de Acarigua-Araure, se está informando al público los detalles de esta nueva ley que, a su juicio, lejos de contribuir al fortalecimiento de la economía regional y el aseguramiento del acceso a bienes y servicios en pro de la calidad de vida y bienestar de los habitantes, “pareciera estar más orientada a ahogar la iniciativa privada”.
Parte de los asistentes a la actividad para el análisis de la Ley del Sistema Tributario de Portuguesa
En tal sentido, destacó que las instituciones están obligadas a promover la participación de los llamados a aprobar o no este proyecto, que debe ser sometido legalmente a consulta popular.
Se desconoce cuándo entrará en vigencia la ley, porque apenas sería discutida, pero también ha recibido el rechazo del sector agrícola que se ve obligado a pagar tributos por el trabajo en el campo.
«Es preocupante el valor de las tasas que han establecido (…) Vamos a vivir en un principado donde todo es sumamente caro. Esto es un Estado dentro del estado. Por ello, debemos abocarnos a hacer que este proyecto sea revisado, es necesario conocer el estudio económico que motiva a esta alza de alícuotas, porque recordemos que hubo un acuerdo de armonización tributaria y ese acuerdo tiene como base un estudio económico que soporte el por qué de las alícuotas que pretenden entrar en vigencia», señaló.
Sector agrícola
D’Lima detalló que la ley, además, contempla la creación de una ficha predial, conforme a la cual se debe hacer una renovación que puede alcanzar unos 45 dólares, con lo que se “criminaliza” la actividad agrícola, con consecuencias que al final incidirán en el consumo de bienes y servicios.
Osman Quero Pérez, presidente de Fedecámaras Portuguesa, advirtió que los comerciantes, empresarios y productores agropecuarios no han sido consultados sobre este proyecto de ley que, a su juicio, se establece sin considerar los 26 trimestres de caída consecutiva de la producción y la pérdida del 75 % del PIB. “Todo el esfuerzo ha sido por capacidad del sector privado. No le debemos nada al Ejecutivo, porque no ha hecho nada a favor de la actividad económica», dijo.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante una rueda de prensa realizada este lunes 15 de agosto, previo a las ponencias sobre la mencionada ley de la doctora D’ Lima, junto con los también abogados tributarista Leonardo Palacios Márquez y Daniel Betancourt, en la sede de la Cámara de Comercio e Industria de Acarigua-Araure. (CNP 25.482)
