El gobernante venezolano Nicolás Maduro respondió a la propuesta del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien el domingo dijo que estaba dispuesto a enviar a Venezuela a los 252 migrantes presos en su país, que deportó Estados Unidos, a cambio de la liberación de la misma cantidad de presos políticos en cárceles del país suramericano.
En su programa semanal de televisión, el líder chavista -que juró a un tercer mandato en enero pasado pese a las denuncias de fraude electoral- pidió que se identifique oficialmente a los connacionales que desde el 15 de marzo y en fechas posteriores, Estados Unidos deportó a El Salvador, donde Bukele los encarceló en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel de máxima seguridad inaugurada en 2023.
«Dé fe de vida de todos los muchachos secuestrados, diga dónde están enjuiciados, qué causas, qué delitos cometieron, permita el acceso a abogados y familiares a la visita en la prisión donde los tienen secuestrados, abandone el camino de la desaparición forzosa», señaló en su programa de televisión semanal Maduro+, según declaraciones que recogió la agencia española de noticias Efe.
Maduro pide lo mismo por lo que lo denuncian a él
Las peticiones de Maduro son las mismas que constantemente piden familiares como esposas, hijos y abogados de los presos por razones políticas en Venezuela, especialmente desde la represión por las protestas tras las presidenciales del 28 de julio de 2024.
Informes de organismos internacionales como la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas han documentado cómo a los dirigentes opositores presos se les impide designar abogados de confianza, los mantienen incomunicados de sus familiares y en casos como el de Rocío San Miguel, abogada y activista de DDHH encarcelada desde el 9 de febrero de 2024, se le niega atención médica y una intervención quirúrgica por una fractura en uno de sus hombros que sufrió hace más de siete meses.
En febrero pasado, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, visitó El Salvador donde firmó con Bukele un acuerdo para deportar a migrantes que no cuentan con la documentación en regla para su permanencia legal en territorio estadounidense.
Un mes después, Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para alegar que la banda criminal El Tren de Aragua era un invasor en su país, lo que le dio pie para deportar a 238 venezolanos a la nación centroamericana al argumentar que al menos 137 de ellos eran miembros de ese grupo criminal.
Sin embargo, familiares de varios de esos presos desmintieron que sean miembros de esa banda, nacida en la cárcel de Tocorón en Aragua. Denunciaron que no les permiten tener contacto con ellos ni defensa privada. EEUU engañó a varios de ellos al decirles que los deportarían a Venezuela y a otros por el hecho de tener tatuajes los identificaron con el Tren de Aragua.
El chavismo carga contra Bukele
Este lunes, Maduro se sumó a las quejas de los familiares sobre el impedimento de que tengan acceso a defensores.
«No se les ha permitido el acceso a ningún organismo de derechos humanos de Naciones Unidas, no tienen juez natural, no cometieron ningún delito allí, están sencillamente secuestrados, es un secuestro de Estado», añadió.
Antes del pronunciamiento del mandatario, el Ministerio Público condenó, primero en un comunicado y después en una rueda de prensa del fiscal Tarek William Saab, las detenciones de los venezolanos en El Salvador. Aseguró que estas personas se encontraban en desaparición forzada, lo que dijo era un crimen de lesa humanidad.
Mientras que el presidente de la Asamblea Nacional de mayoría del chavismo, Jorge Rodríguez, llamó «payaso» a Bukele y lo conminó a liberar a los venezolanos presos en el Cecot.
Efecto Cocuyo