La organización Amnistía Internacional exigió la liberación de al menos 900 personas que han detenido en Venezuela por motivos políticos.
«Según denuncias recibidas por Amnistía Internacional, las autoridades venezolanas están cometiendo desaparición forzada con el fin de sustraer a las personas detenidas de la protección de la ley, y facilitar actos de tortura y otros malos tratos contra ellas e incluso sus familiares». Así lo indicaron en el comunicado que difundieron el 24 de abril.
Además, explicaron que en numerosos casos, incluso cuando la familia logra dar con el paradero de la persona detenida, esta es sometida a régimen de incomunicación total, prolongada y arbitraria.
En los casos de Pedro Guanipa, Perkins Rocha, Rafael Ramírez, Américo de Grazia, Biagio Pilieri, Freddy Superlano, Luis Somaza, Alfredo Díaz, Luis Palocz, Ricardo Estévez, Jesús Armas, María Oropeza, Nélida Sánchez, Roland Carreño, Williams Dávila, y Edwin Moya, muchos de sus familiares no conocieron su paradero por días o semanas, añadieron en el texto.
Amnistía Internacional exige liberación de presos políticos en Venezuela
También denunciaron que muchos no tienen plena certeza de que su familiar se encuentre en el centro de reclusión que la autoridad dice tenerlo. «Muchas veces logran ubicar a su familiar únicamente a través de información», reclamaron.
Amnistía Internacional recordó que «la desaparición forzada y la tortura y otros malos tratos están absolutamente prohibidos bajo el derecho internacional de los derechos humanos».
«Las víctimas de estos crímenes de derecho internacional tienen derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. A estos efectos, las investigaciones llevadas adelante por tribunales independientes en el extranjero poseen una enorme relevancia. Le exigimos que libere de inmediato a las personas mencionadas con anterioridad y a todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos y que, mientras sigan detenidas, garantice visitas familiares, designación de defensa de confianza, atención médica, y todas las garantías de un juicio justo», culminaron en la publicación.
El Nacional
