El Comité de Madres en Defensa de la Verdad informó, este domingo 4 de mayo, sobre el presunto suicidio del joven de 27 años, Lindomar Amaro Bustamante, y el grave estado de salud de otro detenido de 26 años, Jhoandri Joel Silva, ambos detenidos desde hace nueve meses en Cojedes en el contexto de las protestas posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Nicolás Maduro.
La información fue publicada a través de un comunicado en el que comité expresó su profunda tristeza e indignación por el fallecimiento de Bustamante. El joven, quien trabajaba como mototaxista y obrero, se encontraba recluido en el Centro Penitenciario de Tocorón y su muerte se presume ocurrió por ahorcamiento.
El joven Lindomar Amaro Bustamante
El comité también denunció la crítica situación de salud de Jhoandri Joel Silva, de 26 años, detenido cerca de una farmacia a la que había acudido para comprar un anticonvulsivo para su hija. Según el comité, la grave condición de Silva también estaría relacionada con un intento de suicidio.
Por su parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos indicó que Lindomar Amaro Bustamante, ya había atentado contra su vida, y aunque lo advirtieron, no recibió atención médica ni protección. «Esta omisión agrava la responsabilidad del Estado por una muerte evitable».
Ambos jóvenes estuvieron recluidos al menos 15 días en las llamadas “celdas de castigo” o “el tigrito”, utilizadas por custodios del penal para supuestamente aplicar tortura psicológica y tratos crueles. Con la muerte de Amaro Bustamante, ya son al menos seis las personas fallecidas bajo custodia del Estado venezolano entre 2024 y lo que va de 2025.
El cuerpo del joven fue entregado la mañana de este domingo y trasladado a Cojedes donde fue enterrado esta misma tarde. Su familia, no pudo visitarlo durante los nueve meses de reclusión, por no contar con los medios para trasladarse.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigió al Estado venezolano garantizar la integridad de todos los detenidos, así como investigar esta muerte y todas las ocurridas bajo custodia, sancionando a los responsables.
Además, exigió la libertad inmediata de todas las personas detenidas por razones políticas en Tocorón, su desocupación total y clausura definitiva, «al tratarse de un centro donde imperan prácticas sistemáticas de tortura y violaciones a los derechos humanos».
TalCual
