Durante el mes de abril se registraron al menos 10 violaciones al derecho a la libertad de expresión, cometidas en un total de cinco casos, de acuerdo con el más reciente reporte de la ONG Espacio Público.
La violaciones a la libertad de expresión fueron categorizadas en hostigamiento judicial (4), intimidación (4) y censura (2). La detención arbitraria fue una constante en el mes, alertó la organización.
«Las detenciones arbitrarias perpetúan el patrón de censura y buscan inhibir a comunicadores en ejercicio de publicar lo que ocurre en Venezuela si es contrario al discurso oficialista. El periodismo libre sigue buscando alternativas para difundir artículos de investigación y noticias que reflejan lo que sucede en el país, resguardando la identidad propia o de sus fuentes para evitar represalias», indicó Espacio Público.
¿Quiénes son las víctimas de las violaciones a la libertad de expresión?
Las instituciones del Estado fueron el principal victimario, con cinco casos, y los cuerpos de seguridad fueron identificados en tres ocasiones como violadores del derecho fundamental a la libertad de expresión.
En cuanto a las víctimas, se vio afectada la ciudadanía en dos ocasiones, dos particulares, un camarógrafo/a y un reportero/a.
Durante el mes de abril fue detenida la periodista de Impacto Venezuela Nakary Mena y su esposo Gianni González bajo los cargos de instigación al odio y publicación de noticias falsas, tras el lanzamiento de un reportaje sobre el incremento de robos en la ciudad. El Tribunal 1º de Control del Área Metropolitana de Caracas les dictó medida privativa de libertad.
Édgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas, recordó que hay 13 periodistas/trabajadores de la prensa detenidos que no tienen acceso a un abogado de confianza y a quienes se les ha violado el derecho al debido proceso.
“Al periodista o al trabajador de la prensa imputado falsamente se le priva de libertad y los juicios se desarrollan estando en cautiverio”, alertó.
Espacio Público recordó que «la comunicación libre y sin miedo a represalias es un derecho consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en pactos internacionales suscritos por Venezuela y que el Estado tiene la obligación de proteger y promover. Las prácticas de detenciones arbitrarias, desapariciones y violaciones del derecho al debido proceso tienen que cesar. Buscar, recibir y difundir información es un derecho».
El Nacional
