El presidente del Movimiento contra la Intolerancia Esteban Ibarra, y el líder de la Plataforma de Ayuda a Venezuela, Manuel Rodríguez, denunciaron este lunes de manera formal ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en el exilio, en España, los crímenes de odio ocurridos durante la campaña electoral presidencial de 2024.
La denuncia, sustentada por un informe que detalla las graves violaciones de derechos humanos registradas desde el 4 de julio de 2024, señala que al menos 35 personas habrían sido asesinadas en crímenes de odio, y 1.300 reprimidas en manifestaciones, por grupos armados conocidos como “colectivos”.
El informe también destaca más de 2.400 detenciones arbitrarias, entre ellas las de líderes indígenas, periodistas y presos políticos, muchos de los cuales fueron sometidos a torturas y condiciones inhumanas.
Además, documenta discursos de odio provenientes de el gobierno, con amenazas explícitas por parte del candidato Nicolás Maduro y del ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, quien además ocupa la vicepresidencia del Partido Socialista Unido de Venezuela.
“Estos crímenes no pueden quedar impunes. Es fundamental que se reconozca el sufrimiento de las víctimas y se haga justicia”, subrayó Rodríguez durante una rueda de prensa. A su vez, destacó que la denuncia constituye un llamado a la comunidad internacional, para visibilizar y enfrentar la crisis de derechos humanos que atraviesa Venezuela.
Apelan a cortes y tratados internacionales frente a la falta de justicia en Venezuela
Según Confi Legal, la denuncia apela a la legislación venezolana, a tratados internacionales y a jurisprudencia de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, citando instrumentos como la Ley Constitucional contra el Odio, la Constitución venezolana y la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia.
Los denunciantes solicitaron una resolución judicial que reconozca el derecho de las víctimas a obtener justicia y que ordene la reparación de los daños, considerando que este paso es esencial, dado a que el sistema judicial en Venezuela está completamente subordinado al poder ejecutivo, lo que imposibilita cualquier vía interna de justicia.
Aunque el caso queda en manos del TSJ en el exilio, un órgano judicial paralelo creado por la Asamblea Nacional venezolana en 2017, que no es reconocido por el gobierno de Nicolás Maduro. Cuenta con el respaldo de instituciones como la Organización de Estados Americanos y el Parlamento Europeo, que lo consideran una instancia legítima.
El Nacional
