La Ley del Sistema Tributario Regional apenas ha entrado en discusión en el seno del Consejo Legislativo del estado Portuguesa (CLEP), pero ya el sector económico manifestó su rechazo a este proyecto que, por un lado, otorga poderes tributarios a la Gobernación que asume competencias exclusivas del Ejecutivo nacional y, por el otro, amplía la base de contribuyentes, establece nuevos impuestos y pecha la actividad agropecuaria.
Este último impuesto a una de las principales actividades económicas del estado, generó alarma de parte de dirigentes del sector agropecuario que hicieron una primera alerta y, detrás de ellos, las asociaciones y empresas que integran la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras) en Portuguesa, que se reunieron para analizar el proyecto, al cual también se oponen.
No se sabe si esta reacción temprana de representantes del sector económico haya incidido en que las autoridades que llevaban al frente la ley, vuelvan ahora tras sus pasos y aseguren que no se aprobará impuesto alguno a la actividad agroproductiva, calificando como una “campaña” de la “derecha” lo divulgado sobre el proyecto de ley de tributos.
Todo parece indicar que el Ejecutivo regional reculó, haciendo ver como una “falsedad” el impuesto al sector agropecuario, a pesar de que meses atrás eran sus mismos funcionarios los que explicaban con total tranquilidad que había cuatro nuevos rubros tributarios, entre los cuales se tenía intención de pechar la producción y movilización agrícola.
“Cultura tributaria”
Haciendo un recuento de lo que ha venido sucediendo, volvemos al 12 de julio de este año, cuando la presidenta del Consejo Legislativo y primera dama de Portuguesa, María Gabriela Gil, anunciaba que había sido aprobada en primera discusión el proyecto de Ley del Sistema Tributario Regional, luego de la presentación técnica hecha por el Ejecutivo, representado por el Servicio Autónomo de Rentas (Sarep).
En la exposición de motivos, el proyecto de ley refleja que busca la ejecución de planes de desarrollo económico y social para el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de Portuguesa, para lo cual se considera necesario crear herramientas eficientes de recaudación, a través de ingresos propios, teniendo como fuente los tributos.
Para esta adquisición de ingresos, se contempla en la norma la creación de la Unidad Tributaria Estadal (UTE), cuyo valor será el equivalente a 0,005 % del Petro. Mucho de los tributos contemplados en la norma son novedosos, en concordancia con las declaraciones ofrecidas por el director del Sarep, Edgar Silva, a medios locales que reseñaron que el proyecto era nuevo, serviría de base para otros estados y convertiría a Portuguesa en “modelo de cultura tributaria a nivel nacional”.
Algunos de los tributos contemplan el pago de 10 UTE al Sarep por la emisión de títulos, como por ejemplo el de Educación Media, Diversificada y Profesional, dejando únicamente exentos de impuesto a los títulos de educación básica y los otorgados por el Inces.
Sobre las exportaciones e importaciones, el artículo 61 reseña una contribución en timbres fiscales por los procesos de exportación e importación que se realicen en Portuguesa por la expedición, entre otras cosas, de pases de salida para movilizar cargas, que comprende treinta centésimas de UTE por cada kg de carga o treinta centésimas de UTE por cada metro cúbico, lo que resulte mayor.
El otorgamiento y renovación de patente por parte de la administración pública municipal no se escapa de los gravámenes, pues el art. 64 contempla el pago de 2 % del capital suscrito en el otorgamiento de patente o licencia de financiamiento y 1 % del capital suscrito en el caso de renovación.
Los actos realizados ante registros ubicados en la jurisdicción del estado Portuguesa también pagarán impuestos. Un ejemplo de ello, es el pago de 30 UTE por otorgamiento de nombres y denominaciones de empresas mercantiles.
Por su parte, el registro de documentos de compra venta de bienes muebles e inmuebles pagará al Sarep el 0,5 del valor estimado, establecido por el registro.
Los instrumentos de crédito otorgados y pagados dentro del estado se gravará con un impuesto de 1.5 % del monto total del crédito, que será descontando y pagado al momento de ser liquidado.
La actividad que contempla explotación de minerales no metálicos, tendrá una alícuota de 1,5 % del precio de venta por metro cúbico, según lo establece el art. 85 del mencionado proyecto de ley.
En el caso de la transformación de materia prima, actividad que tomó auge en los últimos años en Portuguesa, el art. 90 refiere una cuota de 10 UTE por tonelada de producto comercializado y, más adelante, en el artículo 94 pecha la movilización de materia prima, semoviente y mercancía que pagará 30 UTE por guía de movilización, cuando el destino sea el mismo estado, y 80 UTE por cada guía, cuando la mercancía salga de Portuguesa.
La administración y disposición de los recursos obtenidos por los tributos que refiere la norma estará a discrecionalidad del Gobernador o Gobernadora, pudiendo el representante del Ejecutivo regional, mediante acto motivado, exonerar total o parcialmente las contribuciones, tasas e impuestos establecidos en la ley.
Reacciones
Casi un mes después de que se diera a conocer públicamente el proyecto de ley, el 11 de agosto, los productores agropecuarios del estado, en reunión con el ministro de Agricultura, Wilmar Castro Soteldo, denunciaron los cobros por tributos que se pretendían imponer sobre el sector, a través de una nueva ley regional.
Entre otras cosas, alertaron sobre un impuesto predial de 120 dólares por hectárea al año y el cobro de 90 dólares por cada viaje para movilizar granos y otros rubros que se produzcan en el estado, más una alícuota de 1,5 % por cada financiamiento agrícola que reciba el productor.
“Denunciamos lo inoportuno de castigar la actividad agrícola, justo en el momento en que se está recuperando de una profunda crisis. El campo portugueseño lo que necesita son condiciones propicias para desarrollarse y no un freno”, señaló Ramón Elías Bolotín, directivo de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro) y líder agrícola de la región.
¿Engavetada?
Después de esas declaraciones, se precipitaron los hechos. Fedecámaras convocó a sus bases y asesores jurídicos, en reunión del 15 de agosto, con quienes concluyó en que se trata de una ley “inconstitucional”, porque abroga a la Gobernación responsabilidades que son del Ejecutivo nacional y, con los nuevos impuestos, “ahoga” la iniciativa privada, instando a que se someta a consulta popular.
En paralelo, el gobernador Primitivo Cedeño junto a su esposa y presidenta del Clep, María Gabriela Gil, y parte del comité organizador de la ExpoPortuguesa que se realizará los primeros días de diciembre de este año, se pronunció públicamente sobre el tema, ante los medios locales.
“Es falso de toda falsedad esos comentarios malsanos que hemos visto como miembros de la derecha, ya asumiendo vocerías y diciendo cosas que no son verdad, hablando de números astronómicos que no existen, que es totalmente falso. Nosotros creemos en nuestros productores primarios, mientras yo sea gobernador este estado, no se pechará ningún impuesto nuevo que se genere, porque creemos en la producción y queremos que la producción vaya adelante”, aseveró.
Desde entonces, el Gobierno regional no ha vuelto a hablar públicamente del tema y el video donde el director del Sarep explicaba algunos aspectos de la nueva ley fue eliminado de la plataforma de YouTube, aunque en algunos medios digitales están registradas sus declaraciones.
Fedecámaras sigue reuniéndose con sus bases para analizar el proyecto de ley, la cual no se sabe si continuará siendo discutida por el Legislativo regional, se modificarán algunos artículos o será engavetada hasta nuevo aviso.
CNP. 18.867
CNP. 16.093
