La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez aseguró que la gestión de Nicolás Maduro no ha cometido «delitos previstos en el Estatuto de Roma», tras haberse reunido este viernes 8 de agosto con el fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional, Mame Mandiaye Niang.
Más temprano, Niang dijo que la oficina continuará la investigación del caso Venezuela I, que indaga la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad bajo la gestión de Maduro en el poder, un proceso que comenzó en fase preliminar en 2018 y avanzó a la etapa de investigación en el año 2021.
«Abordamos el asunto conocido como Venezuela I y ratificamos que en el país no se han cometido delitos previstos en el Estatuto de Roma. En este marco, le ratificamos nuestra disposición de continuar y profundizar los mecanismos de complementariedad positiva y planes de trabajo conjuntos en materia de cooperación y asistencia técnica, siempre sobre la base de la primacía de la jurisdicción nacional», dijo Rodríguez en su canal de Telegram donde compartió la misma imagen que la CPI tras encontrarse con Niang.
La Fiscalía aseguró que evaluarán los avances de Miraflores sobre los mecanismos de complementaridad, tras la firma en 2021 de un acuerdo entre esta oficina y la gestión chavista que permitió la instalación de una oficina técnica en Caracas.
Rodríguez también informó que presentaron ante el fiscal adjunto o vicefiscal «el estudio publicado en la revista The Lancet que demuestra el impacto en la salud y la vida de los pueblos de las medidas coercitivas unilaterales», que hace parte de la denuncia del chavismo contra las sanciones de EEUU que la CPI investiga y se conoce como el caso Venezuela II.
Rodríguez dice que caso Venezuela II avanza con lentitud
«Esta investigación, que abarcó 152 países, determinó que más de 564 mil personas, desproporcionadamente menores de 5 años y adultos mayores, mueren todos los años producto de las ‘sanciones’ adoptadas por el Gobierno de los Estados Unidos de América y otros países de occidente para promover la política de ‘cambio de régimen’. Esta cifra es similar a la tasa de mortalidad anual por conflictos armados».
También aseguró que se expresó a Niang la preocupación «sobre la lentitud con que avanza este asunto, iniciado hace más de 5 años como resultado de una Remisión realizada por Venezuela».
Esta misma queja de lentitud la emiten con regularidad organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela sobre la investigación de crímenes de lesa humanidad.
La reunión entre Rodríguez y Niang se produce una semana después de que la Sala de Apelaciones de la CPI pidió al fiscal Karim Khan recusarse de la investigación Venezuela I por su relación cercana con una de las abogadas que representa a Maduro ante la Corte, Venkateswari Alagendra, cuñada de Khan, al argumentar que existe un conflicto de interes.
Este viernes, el organismo señaló que la viabilidad de esa “vía de complementariedad” -mecanismo que permitiría a la justicia venezolana asumir el caso si demuestra investigaciones genuinas- dependerá de las acciones concretas que emprenda el país para garantizar rendición de cuentas a nivel nacional.
“La Fiscalía está comprometida a avanzar con sus investigaciones para garantizar justicia para las víctimas de presuntos crímenes de la CPI en Venezuela”, reiteró la institución.
La investigación de la CPI sobre Venezuela comenzó en 2018 tras la remisión de varios países. Y apunta a esclarecer denuncias de crímenes de lesa humanidad cometidos durante protestas y en centros de detención.
En 2023, la Corte rechazó los intentos del régimen de frenar el proceso y autorizó su reanudación.
Efecto Cocuyo y medios nacionales
