El régimen de Nicolás Maduro rechazó este lunes el nuevo informe de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de la ONU, que documenta graves violaciones de derechos humanos y represión política en Venezuela tras las el fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado.
La delegación venezolana en el Consejo de Derechos Humanos descalificó el documento y lo consideró una “parodia”.
El diplomático alegó que la Misión se creó bajo intereses políticos y no para defender los derechos humanos.
“No solo el contexto deslegitima la existencia de una misión nula e impráctica, sino que su novelero desempeño la desacredita por sí misma. Cita fuentes dudosas, utiliza testimonios inventados o no verificados, emplea estadísticas sin rigor metodológico, tiene probada motivación política y no ha pisado y jamás pisará territorio venezolano”, afirmó.
Sostuvo que el informe forma parte de un supuesto plan de injerencia internacional.
“En el año 2015 el gobierno de Barack Obama designó a Venezuela como amenaza inusual y extraordinaria. En 2017 se crea el fracasado Grupo de Lima y en 2019 se quiso imponer un gobierno paralelo. Es en ese marco que se crea esta Misión. ¿Queda alguna duda de que no tiene nada que ver con los derechos humanos sino con el cambio de régimen en Venezuela?”, añadió.
El régimen insistió en que en el país se respetan los derechos humanos “conforme al mandato constitucional” y aseguró que no convalidará lo que describió como un intento de justificar una agresión contra Venezuela.
“No nos vamos a prestar para validar semejante parodia”, dijo el representante de Maduro.
¿Qué dice el informe de la ONU?
La Comisión de la ONU presentó en Ginebra un informe que señala que en Venezuela sigue ocurriendo el “crimen de persecución por razones políticas” y que la represión aumentó tras el fraude presidencial.
El documento concluyó que no existe autoridad nacional capaz de investigar y sancionar los crímenes cometidos, por lo que “la única esperanza de justicia para las víctimas recae en la comunidad internacional”.
Según la presidenta de la Comisión, Marta Valiñas, de las 25 muertes registradas durante la represión postelectoral, se documentaron 14, y en 12 de ellas participaron directamente fuerzas de seguridad. Entre los casos más graves citó las protestas en Maracay, estado Aragua, donde funcionarios militares asesinaron a 6 personas.
Denunció además que, un año después de esos hechos, la Fiscalía de Maduro no ha presentado resultados concretos y ha responsabilizado a la oposición.
“El patrón de persecución política ha continuado en 2025 contra quienes defienden derechos humanos y libertades. Hasta el momento, todas las muertes permanecen en la impunidad”, afirmó.
Asimismo, señaló que cinco detenidos tras represión poselectoral murieron en custodia del Estado sin atención médica oportuna, pese a reiteradas alertas sobre su salud.
El Nacional
