La Corte Suprema de Brasil ordenó este domingo al Gobierno de Río de Janeiro la “preservación y documentación” de todas las pruebas materiales relacionadas con cruenta operación policial que dejó más de un centenar de muertos.
En una decisión dictada este domingo, el juez Alexandre de Moraes ordenó que la preservación total y la documentación de los elementos materiales, incluidos los peritajes y sus cadenas de custodia, se realice de forma “rigurosa e integral” para asegurar la transparencia y la investigación de los hechos por parte del Ministerio Público.
El pedido se enmarca en una sentencia previa de la Corte, en la que se dictaron una serie de nuevas reglas para la realización de operaciones policiales en las favelas del estado de Río de Janeiro, con el objetivo de prevenir violaciones de derechos humanos.
El Supremo busca supervisar si el Gobierno estatal cumplió con las determinaciones impuestas y si el operativo se llevó a cabo de acuerdo con los protocolos de derechos humanos establecidos por el tribunal.
Según el documento, el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, deberá ser intimado a la brevedad, incluso este mismo domingo, para asegurar el cumplimiento inmediato de la decisión.
Además de la medida cautelar, el magistrado designó una audiencia conjunta para el próximo 5 de noviembre con cerca de 20 organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales y entidades de la sociedad civil que actúan en los complejos de favelas.
Este lunes, el gobernador deberá comparecer ante Moraes en una audiencia para responder a una serie de interrogantes cruciales, como el balance oficial de muertos y heridos, la presentación del informe detallado de la operación y las medidas adoptadas para asistir a las víctimas.
El megaoperativo policial en los complejos de favelas Penha y Alemão, que movilizó a 2.500 agentes, tenía como objetivo combatir al Comando Vermelho, una de las mayores bandas de narcotraficantes de Brasil.
Hasta el momento, la cifra de muertos no está clara y varía según la fuente. Según cifras de la Defensoría Pública, una institución pública que recopiló los datos, el balance de fallecidos llega a 132, pero el Gobierno regional solo ha confirmado 121.
Castro, responsable político de la intervención, dijo que el operativo fue un “éxito”, quitando los cuatro agentes que perdieron la vida durante el desarrollo de la acción, a los que se refirió como las únicas víctimas.
El caso ha generado una fuerte polémica en Brasil y ha llevado a la ONU y a organismos de defensa de derechos humanos a pedir investigaciones independientes.
Según las autoridades del estado, la gran mayoría de los muertos tenía antecedentes policiales por crímenes graves como narcotráfico y homicidio y casi la mitad tenía órdenes de captura en su contra.
De las 100 órdenes de captura que justificaron la operación, expedidas por jueces de Río de Janeiro y de otros estados, los 2.500 policías que participaron en la acción tan solo cumplieron 20.
Entre los muertos identificados figuran 40 procedentes de otros estados de Brasil, que la gobernación regional señaló como líderes de grupos armados de otras regiones vinculados al Comando Vermelho y que estaban refugiados en Río de Janeiro.
Según el gobernador Cláudio Castro, una medida de la Corte Suprema que restringe las operaciones policiales en las favelas de Río de Janeiro desde 2021 convirtió a esta ciudad en el destino de miembros de grupos criminales de otras regiones que buscan esconderse de las autoridades.
Los 40 muertos identificados como integrantes de organizaciones criminales de otras regiones proceden de áreas en las que el Comando Vermelho tiene influencia, entre los cuales 13 del estado amazónico de Pará (norte), seis de Bahía (noreste) y cuatro de Ceará (noreste).
(Con información de EFE)
