La tensión política y el control gubernamental alcanzan nuevas cotas en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro ha intensificado sus métodos de vigilancia, recurriendo ahora a la revisión ilegal de teléfonos celulares en plena calle para buscar palabras clave como “Trump” y “Maduro”, evidenciando una profunda preocupación por la disidencia y la coordinación de protestas.
Este patrón de acoso se convirtió en una herramienta de represión para amedrentar a la población, según reportes de víctimas y analistas.
El Nuevo Herald documentó la escalada en estas prácticas. En ciudades como Maracaibo y Caracas, los puntos de control y patrullajes de agentes armados no solo se centran en vehículos y pertenencias, sino que exigen revisar las comunicaciones privadas de los ciudadanos sin una orden judicial, violando flagrantemente la Constitución del país.
El caso de Amanda, una joven de Maracaibo, ilustra esta situación. Ella y su novio fueron detenidos, y los uniformados ignoraron los documentos del vehículo para centrarse en sus teléfonos. Uno de los oficiales tomó cuatro dispositivos e ingresó a WhatsApp y Telegram, buscando directamente términos como “Maduro”, “Trump”, “sexo” y “droga”.
“Si hablas mal del gobierno [de Maduro], te metes en problemas”, señaló la fuente, alertando sobre el riesgo de cárcel o extorsión.
Control para imponer el temor
Expertos consideran que este nivel de vigilancia masiva busca “imponer temor” y refleja la profunda preocupación del gobierno por cómo el descontento popular podría expresarse o coordinarse a través de canales privados.
Guillermo Tell Aveledo, experto en ciencias políticas, explicó que el objetivo es neutralizar cualquier forma de organización social. “Las protestas y la organización social se han inhibido casi completamente. El aparato policial y militar intenta acallar esto, la gente se retira de los chats, no comenta nada político”, indicó a El Nuevo Herald.
El patrón de detenciones y revisiones arbitrarias no cesa. Domenico, un vendedor de artículos tecnológicos, relató haber sido “secuestrado” por tres policías por dos horas mientras se dirigía a entregar un producto. Los agentes revisaron minuciosamente sus chats y fotografías en WhatsApp y Telegram durante más de hora y media, un acto que lo dejó “humillado”.
Aumento de arrestos y desapariciones forzadas
Defensores de derechos humanos han denunciado que esta modalidad de vigilancia ilegal con fines políticos se ha disparado. La Constitución venezolana, en su Artículo 48, garantiza la inviolabilidad de las comunicaciones, permitiendo su interferencia solo por orden de un tribunal competente. Sin embargo, esta garantía es ignorada sistemáticamente.
Organizaciones civiles como Provea han reportado un aumento en los arrestos por motivaciones políticas. Solo en octubre, se registraron 54 arrestos con fines políticos. En los últimos tres meses, el gobierno ha recurrido a la detención arbitraria o la desaparición forzada de decenas de miembros de partidos de oposición, líderes sindicales y asociaciones gremiales, en un esfuerzo por acallar toda forma de crítica o protesta.
El Nacional
