El Parlamento venezolano aprobó este jueves, sin votos en contra, una ley que pone fin a la pertenencia del país al Estatuto de Roma. La decisión, impulsada por el socialismo, fue presentada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, como un intento de “denunciar al mundo la inutilidad y el vasallaje” de la Corte Penal Internacional (CPI).
La medida llega tras el anuncio del 1 de diciembre, cuando la Fiscalía de la CPI informó que cerraría su oficina técnica en Caracas ante la falta de “progreso real” en los compromisos de “complementariedad”. Este principio obliga a los Estados a investigar con seriedad los crímenes señalados antes de que intervenga el tribunal con sede en La Haya.
Durante la sesión legislativa, Rodríguez acusó a la Corte Penal Internacional de actuar bajo intereses geopolíticos, asegurando que esta institución “debería servir para proteger a los pueblos y solo sirve para los designios del imperialismo norteamericano”. También afirmó que la nueva normativa representa una muestra de “solidaridad con el sufrimiento del pueblo palestino”.
Con la ley ya sancionada en el Parlamento, el documento será enviado a Nicolás Maduro para su promulgación oficial. Su entrada en vigor dependerá de su publicación en la Gaceta Oficial.
CPI avanza investigación venezolana pese a cierre y acusaciones internas
De acuerdo con Efe, en la primera discusión del proyecto, el martes pasado, Rodríguez había adelantado la salida del país de la CPI al acusar a sus representantes de “vasallaje”. En ese mismo debate insistió en que los jueces “no están allí para impartir justicia ni para defender los derechos”, y reprochó que el organismo no se pronunciara sobre el “genocidio” atribuido a Israel. Sin embargo, en 2024 la Corte emitió órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza.
A pesar del cierre de la oficina en Caracas, la Fiscalía de la CPI confirmó que la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela seguirá adelante desde La Haya.
La causa contra el Estado venezolano fue abierta en 2018, a partir de una remisión de varios países. El gobierno de Nicolás Maduro ha intentado obstaculizar el avance de la investigación alegando que su sistema judicial lleva a cabo procesos internos. No obstante, en 2023 la Corte rechazó esa postura y autorizó reactivar las pesquisas sobre hechos ocurridos desde 2017.
El Nacional
