Una serie de traslados irregulares de privados de libertad realizados durante el mes de diciembre desde calabozos policiales de Caracas hacia otros centros penitenciaros en el interior del país no cumplieron con lo establecido en la ley venezolana, lo que agrava la crisis penitenciaria en el país, alertó el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
La organización señaló que durante este último mes del año se ejecutaron traslados de presos desde la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de La Yaguara y del Centro de Control y Resguardo de Detenidos de Boleíta (antigua Zona 7) a otras cárceles del país.
Dichas reubicaciones se realizaron de forma irregular y arbitraria, sin cumplir con lo establecido en el Código Orgánico Penitenciario. El artículo 125 de esta normativa exige autorización expresa del juez de la causa en el caso de personas procesadas, o notificación al tribunal de ejecución cuando se trata de personas penadas, procedimientos que —según la denuncia de OVP— no fueron respetados.
Traslados de presos no fueron informados a los familiares
El OVP informó que los detenidos fueron trasladados al Centro de Formación Hombre Nuevo Libertador, en el estado Carabobo; a la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara, y al Centro de Reclusión para Procesados Judiciales 26 de Julio, en el estado Guárico.
Ni los privados de libertad ni sus familiares fueron notificados previamente. Muchas familias se enteraron de los traslados de manera sorpresiva, lo que las obligó a recorrer distintos centros de reclusión para ubicar a sus parientes y confirmar su paradero.
Según la organización, estos traslados podrían derivar en situaciones de aislamiento bajo el argumento del llamado período de adaptación, pese a que la mayoría de los afectados lleva meses o incluso años detenidos. Esta práctica, reiterada en el sistema penitenciario venezolano, agrava el impacto psicológico del encierro y limita aún más el contacto con familiares y abogados, sin justificación legal.
Además, los traslados en pleno mes de diciembre representan, a juicio del OVP, un castigo adicional para las familias, que enfrentan mayores dificultades económicas para visitar a sus seres queridos en otros estados del país.
OVP alerta mayor precariedad y retardo procesal
Al llegar a los nuevos centros penitenciarios, los privados de libertad fueron ingresados sin pertenencias personales, lo que obliga a sus familiares a asumir gastos adicionales para la compra de uniformes, colchonetas, sábanas y artículos de aseo, en un contexto de profunda precariedad económica.
En el caso de las personas procesadas, el traslado lejos de sus tribunales de origen también genera retardo procesal, al dificultar su comparecencia ante los jueces en las fechas previstas para audiencias y actuaciones judiciales.
El OVP calificó estas acciones como “profundamente inhumanas”, especialmente por haberse ejecutado en vísperas de las festividades navideñas, cuando muchos detenidos esperan recibir visitas especiales de sus familiares.
La organización aseguró que continuará documentando y denunciando estos hechos ante instancias nacionales e internacionales, con el objetivo de exigir garantías judiciales, respeto al debido proceso, a la dignidad humana y al derecho de las familias a no ser castigadas de forma arbitraria.
El Nacional
