La organización no gubernamental Foro Penal presentó este sábado un anteproyecto de Ley de Amnistía General con el objetivo de promover la reconciliación nacional y poner fin a procesos de persecución política en Venezuela.
El borrador, elaborado por Gonzalo Himiob Santomé con la colaboración de Alfredo Romero y Luis Armando Betancourt, plantea un mecanismo de justicia constitucional correctiva orientado a restituir derechos vulnerados por razones políticas.
De acuerdo con el documento, la iniciativa busca extinguir todas las acciones judiciales, administrativas y laborales emprendidas contra ciudadanos que hayan sido objeto de investigaciones, sanciones o condenas por hechos de naturaleza política desde el 1° de enero de 1999 hasta la entrada en vigencia de la eventual ley.
No obstante, Foro Penal subraya que la amnistía no supone reconocimiento de culpabilidad. Sino que parte del criterio de que dichas actuaciones fueron ilegítimas y contrarias a principios constitucionales.
¿Qué dice el anteproyecto de la Ley de Amnistía propuesto por el Foro Penal?
El anteproyecto establece efectos jurídicos inmediatos, entre ellos la extinción total de responsabilidades penales, civiles y administrativas. Así como la eliminación de antecedentes y registros policiales. También contempla la restitución de bienes incautados o confiscados como consecuencia de procesos vinculados a la persecución política.
Uno de los elementos destacados del texto es el reconocimiento del carácter vinculante de las calificaciones emitidas por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia de presos políticos. Lo que obligaría a las autoridades venezolanas a acatar dichas determinaciones.
Del mismo modo, la organización remarca que el anteproyecto incorpora límites expresos para evitar la impunidad. En concordancia con el artículo 29 de la Constitución, quedan excluidos de los beneficios de la amnistía quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad. Así como genocidio, tortura, desaparición forzada o crímenes de guerra, considerados imprescriptibles y no amnistiables.
Como parte de las garantías de no repetición, la propuesta plantea la derogación de instrumentos legales utilizados, según la ONG, para criminalizar el disenso político. Entre ellos menciona la Ley Contra el Odio y la legislación de fiscalización de organizaciones no gubernamentales. También la Ley Orgánica “Simón Bolívar” contra el Bloqueo Imperialista.
Además, el anteproyecto sostiene que la Asamblea Nacional es el órgano con competencia exclusiva para dictar leyes de amnistía y que esta atribución no está sujeta a control o veto del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, el Foro Penal considera que la aprobación de esta norma podría representar un paso institucional hacia la reconstrucción de la convivencia democrática en el país.
El Nacional
