La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió este martes a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo que ponga fin a las violaciones de derechos humanos y libere sin condiciones a todas las personas encarceladas por motivos políticos en Nicaragua.
El organismo reclamó además a la comunidad internacional que adopte medidas concretas para frenar la represión y contribuir al restablecimiento de la democracia y del Estado de derecho.
En su declaración, la CIDH condenó “la persistente represión en Nicaragua, caracterizada por la continuación de detenciones arbitrarias y la privación de la libertad por motivos políticos contra cualquier postura percibida como oposición al régimen” encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, a quienes identificó como responsables de un sistema de persecución dirigido contra voces críticas, dirigentes sociales y personas vinculadas incluso a sectores cercanos al propio poder.
“La situación de derechos humanos en Nicaragua constituye uno de los casos más graves observados en la región”, afirmó la Comisión, que recordó que se trata de un órgano principal y autónomo del sistema interamericano.
Según el organismo, en el país “se ha consolidado un régimen autoritario basado en el control, vigilancia y represión en contra de cualquier persona percibida como opositora, incluso vinculadas al propio régimen, y que va más allá de las fronteras del país”.
La CIDH alertó que el patrón represivo no se limita al territorio nacional y que las acciones de hostigamiento y persecución se extienden hacia personas nicaragüenses que se encuentran fuera del país. En ese contexto, informó que en las últimas semanas, a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, recibió información sobre la detención de más de 60 personas por expresar opiniones en redes sociales relacionadas con los acontecimientos recientes en Venezuela.
El organismo señaló que estos nuevos arrestos contrastan con el anuncio realizado por el régimen el 10 de enero de 2026, cuando se otorgó el denominado beneficio legal de convivencia familiar a 24 personas detenidas por motivos políticos.
Para la Comisión, esa medida no representa una restitución real de derechos, sino una forma de control que mantiene a las personas excarceladas bajo condiciones restrictivas.
En ese sentido, la CIDH advirtió que la situación jurídica indefinida, la obligación de presentarse de forma periódica ante dependencias policiales y la imposición de vigilancia permanente, así como las restricciones para participar en reuniones, actos religiosos o expresarse en redes sociales, “conlleva que la libertad de las personas excarceladas sea condicionada”. El organismo subrayó que estas prácticas configuran un esquema de control que prolonga la represión fuera de los centros de detención.
De acuerdo con información recopilada por organizaciones de la sociedad civil nicaragüense, al menos 62 personas continúan privadas de libertad por motivos políticos, y algunas de ellas se encontrarían en situación de desaparición forzada.
La Comisión indicó que mantiene un monitoreo permanente de estos casos y reiteró su preocupación por la falta de información oficial sobre el paradero, el estado de salud y las condiciones de detención de varias de las personas arrestadas.
La CIDH recordó que Nicaragua atraviesa una profunda crisis política y social desde abril de 2018, cuando estallaron protestas masivas que fueron reprimidas por fuerzas estatales y grupos parapoliciales.
Esa crisis se agravó tras las elecciones de noviembre de 2021, ampliamente cuestionadas por la comunidad internacional, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto de forma consecutiva.
En esos comicios, los principales aspirantes presidenciales y dirigentes opositores se encontraban en prisión, y posteriormente fueron expulsados del país, despojados de su nacionalidad y privados de sus derechos políticos, luego de ser acusados por el régimen de “golpistas” y de cometer “traición a la patria”.
Ante este escenario, la Comisión reiteró su llamado a los Estados y a los organismos internacionales para que exijan el fin de la represión, la liberación plena e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos y la adopción de acciones diplomáticas y jurídicas orientadas a restablecer las garantías democráticas.
Para la CIDH, la permanencia de este patrón de persecución confirma que en Nicaragua no existen condiciones mínimas para el ejercicio de los derechos civiles y políticos, ni para la participación libre de la ciudadanía en la vida pública del país.
(Con información de EFE)
