Camilla Fabri, esposa del empresario Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, salió del gabinete del gobierno luego de que la presidenta encargada Delcy Rodríguez designó a Rander Peña para que la sustituya como viceministro para Comunicación Internacional.
En otro movimiento en su régimen, Rodríguez nombró a Oliver Blanco, quien ha sido dirigente del partido opositor Acción Democrática, como viceministro para Europa y América del Norte.
“Ha tenido militancia partidista opositora, y mantiene un firme compromiso con el país. Venezuela se servirá de su compromiso y profesionalismo”, expresó la mandataria en su cuenta en la red social X.
También nombró a Mauricio Rodríguez viceministro para América Latina y a Andrea Corao Faría viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía.
Fabri sale del gabinete después de que Saab, devuelto a Maduro por Estados Unidos tras una negociación, fuera removido de su cargo como ministro de Industrias y Producción Nacional y de los rumores que hubo a mediados de mes sobre su supuesta detención.
Al respecto, según el diario colombiano El Tiempo, el empresario decidió guardar silencio mientras se estabilizan el gobierno interino y la situación de Venezuela.
El testaferro de Maduro aparece en una lista de personas solicitada por Estados Unidos según un reportaje del diario ABC, que mencionó también a Nicolás Maduro Guerra, Pedro Luís Martín-Olivares, Samark López Bello o Tareck el Aissami.
Este lunes el gobierno informó el inicio de los trabajos de remodelación en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, señalada como centro de torturas por ONG y opositores, para convertirla en un centro social.
El Ministerio de Obras Públicas realizó el anuncio en Instagram y aseguró que los trabajos tienen como objetivo convertir esta cárcel en un “centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto”.
En el video, el ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, indicó que el proyecto fue aprobado tras una consulta a los residentes cercanos a la cárcel, así como a los funcionarios policiales, después de que la presidenta encargada ordenara esa transformación.
