Juan Martínez es un dirigente sindical venezolano con larga trayectoria en la defensa de los trabajadores petroleros del oriente del país. Nacido en Anzoátegui, fue secretario general del Sindicato de Trabajadores de Sincor (Sintrasincor), afiliado a Fedepetrol, y ha encabezado reclamos laborales ante PDVSA, así como denuncias por procedimientos irregulares en CITGO y despidos masivos durante los años 2002-2003. Desde el exilio, continúa impulsando acciones legales y sindicales en defensa del patrimonio público vinculado a la industria petrolera.
En esta conversación, Martínez analiza el conflicto judicial que involucra a directivos de PDV Holding y a organizaciones privadas como VenAmérica y VAPA. Según el sindicalista, se trata de una nueva forma de captura institucional sobre los activos venezolanos en Estados Unidos.
—Mientras los trabajadores en el oriente del país enfrentan condiciones extremas y salarios insuficientes, en Estados Unidos algunos representantes de PDV Holding participan en litigios a favor de ONG privadas. ¿Qué lectura sindical hace de esta contradicción?
—Es la radiografía de un expolio continuado. El trabajador en Jose respira gases tóxicos, sobrevive con limosnas bonificadas y pone los muertos en una industria colapsada, mientras que una élite en el exilio ha decidido que los activos de la República son su caja chica privada. Lo que ocurre con PDV Holding no es un tecnicismo legal; es la privatización de facto del Estado para beneficiar a un grupo reducido. Que un fiduciario de alto nivel, sostenido por el patrimonio público, dedique su tiempo a defender a organizaciones privadas en demandas por difamación es una falta de ética profunda. Demuestra que, para ciertos sectores de esa dirigencia, el Estado sigue siendo un botín y no un instrumento al servicio de la nación.
—El caso del abogado Carlos Sardi ha generado controversia. Los demandantes han revelado que Sardi fue designado como director de PDV Holding y, al mismo tiempo, representó a estas ONG sin revelar su cargo. Él asegura que no recibió compensación. ¿Por qué esa “gratuidad” puede considerarse una irregularidad?
—Porque el conflicto de interés no desaparece con la excusa de que no hubo pago. PDVH es una entidad bloqueada bajo sanciones federales, y cualquier prestación “gratuita” puede interpretarse como una transferencia de valor. El riesgo mayor no es jurídico, sino soberano: si la propia junta administradora de PDVSA permite que uno de sus directores actúe como abogado de terceros, eso alimenta el argumento del alter ego que utilizan los acreedores para perseguir los activos de CITGO. Están facilitando que se rompa el escudo corporativo y se pierdan los pocos bienes públicos que aún quedan en resguardo.
—Los sindicalistas que impulsan esta denuncia exigen a las directivas de VenAmérica y VAPA mostrar las autorizaciones y licencias exigidas por la OFAC. Si se confirma que el abogado actuó sin ese respaldo, ¿qué responsabilidad recae sobre las juntas de esas organizaciones?
—La responsabilidad es total. Si un abogado actúa en nombre de una institución sin que exista un mandato formal o sin la licencia adecuada, los directivos son responsables por acción u omisión. En Estados Unidos, el desconocimiento de las normas no es una excusa. Estamos frente a una representación no autorizada que puede acarrear sanciones graves. Actuar con ligereza en materias de activos bloqueados es jugar con fuego: compromete la legalidad, la reputación y el futuro de los bienes públicos.
—Usted ha mencionado que los trabajadores planean presentar este caso ante la OFAC y el Departamento de Justicia. ¿Cuál es el propósito final de este movimiento?
—Defender la decencia institucional. Frente a la arrogancia de quienes se creen intocables, la clase obrera está demostrando que aún existe una reserva moral. No buscamos venganza, sino transparencia. Cada centavo de esos activos le pertenece al país y a sus trabajadores, no a los intereses privados de ninguna facción política. Nuestro objetivo es que los organismos federales investiguen y pongan fin a esta manipulación. No vamos a permitir que se repita el saqueo del chavismo bajo otro color político.
El Nacional
