La dictadura cubana publicó este lunes en la Gaceta Oficial de la República la lista de los 2.010 presos incluidos en el indulto anunciado a principios de abril, pero la organización de derechos humanos Prisoners Defenders (PD) advirtió que el documento no contiene a casi ningún recluso encarcelado por razones políticas.
Tras examinar el fichero, la ONG con sede en Madrid solo identificó una coincidencia exacta con su registro de disidentes y activistas, y detectó otros cinco casos con nombres similares pero con diferencias tan notables —apellidos cambiados de orden, nombres distintos— que considera “complejo que ninguno de ellos sea preso político”. PD indicó que investigará cada uno para determinar si alguno podría corresponder a una persona de sus listados.
El Decreto Presidencial 1212, firmado por el dictador Miguel Díaz-Canel, dispone “indultar total y definitivamente” a un grupo de sancionados en atención a “las características de los hechos cometidos, su conducta durante el cumplimiento de la sanción y el tiempo extinguido de la pena”.
La dictadura lo presentó como un “gesto solidario humanitario y soberano” enmarcado en las celebraciones de la Semana Santa. La exclusión de los reclusos políticos no es accidental: el propio decreto veta expresamente a los condenados por “delitos contra la autoridad”, la categoría penal bajo la que el régimen procesó a la mayoría de los manifestantes del 11 de julio de 2021 —el 11-J— por cargos de desórdenes públicos, desacato, atentado y sedición.
Prisoners Defenders registró en abril un total de 1.260 reclusos por motivos políticos en las cárceles de la isla. Entre los casos más emblemáticos que permanecen en prisión figuran Luis Manuel Otero Alcántara, del Movimiento San Isidro, condenado a cinco años, y el rapero Maykel “Osorbo” Castillo, con nueve años de pena. Otero Alcántara inició un ayuno de protesta en diciembre de 2025 desde la cárcel de Guanajay y su estado de salud se ha deteriorado gravemente, según organizaciones de derechos humanos.
Este patrón ya se repitió en el indulto anterior. En marzo, las autoridades excarcelaron a 51 presos que, según sostuvieron, habían cumplido una parte significativa de su condena y mantenido buena conducta.
PD confirmó después que solo 27 eran disidentes o activistas detenidos por razones políticas, en su mayoría participantes en las protestas del 11-J con sentencias de entre seis y 18 años. La propia dictadura reconoció que el indulto de los 2.010 es el quinto desde 2011, con más de 11.000 beneficiados acumulados, en su práctica totalidad condenados por delitos ordinarios.
La publicación de la lista coincide con una escalada diplomática aguda entre La Habana y Washington. El 20 de mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos penales contra Raúl Castro, de 94 años, por conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves, en relación con el derribo en 1996 de dos aviones de la organización de exiliados Hermanos al Rescate, en el que murieron cuatro personas. El secretario de Estado Marco Rubio declaró al día siguiente que las probabilidades de un acuerdo con Cuba “no son altas”, mientras el canciller cubano Bruno Rodríguez acusó a Rubio de incitar a la agresión militar.
La dictadura niega sistemáticamente la existencia de presos políticos en su territorio. Las autoridades sostienen que quienes fueron detenidos durante el 11-J enfrentan cargos comunes: desórdenes públicos, resistencia a la autoridad o vandalismo. Con 1.260 reclusos documentados por esas razones y un indulto masivo que apenas roza esa cifra, la dictadura logra proyectar una imagen de apertura sin asumir el costo de liberar a quienes mantiene encarcelados por razones políticas.
Infobae
