El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva anunció este miércoles una inversión de 381 millones de reales —unos 75 millones de dólares— para avanzar en la pavimentación de la BR-319, la carretera que cruza la selva amazónica entre los estados de Amazonas y Rondonia. El acto se celebró en Iranduba, municipio a 37 kilómetros de Manaos, la mayor ciudad de la región, con más de dos millones de habitantes. Lula aseguró que la vía será “la carretera más moderna del mundo” en términos de protección ambiental.
La BR-319 fue inaugurada en 1976, durante la dictadura militar, pero nunca llegó a asfaltarse en su totalidad. De sus 900 kilómetros, unos 400 —el llamado “trecho do meio”— siguen sin pavimentar y resultan prácticamente intransitables en temporada de lluvias. El Gobierno esgrime la vulnerabilidad del transporte fluvial por el río Madeira, afectado por sequías recurrentes, para justificar la urgencia de la obra terrestre.
El proyecto arrastra décadas de litigios y bloqueos. Un impasse entre los ministerios de Transporte y Medio Ambiente se resolvió en julio de 2025 con el denominado “Plan 319”: un acuerdo que combina obras con medidas de protección en una franja de 50 kilómetros a cada lado de la vía. En abril de 2026, el Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes publicó los pliegos para licitar el tramo central. El ministro George Santoro afirmó que toda la carretera estará bajo contrato antes de que concluya junio.
El Gobierno presentó salvaguardas que incluyen monitoreo ambiental continuo, nuevos puestos de control, bases de inspección y creación de reservas naturales y territorios indígenas adicionales. Sin embargo, las organizaciones científicas consideran esas medidas insuficientes. Estudios publicados en revistas como Science y Nature advierten que la pavimentación abrirá el acceso a una de las zonas de selva primaria mejor conservadas del planeta, con 18.000 personas de 69 territorios indígenas en su área de influencia.
La evidencia empírica es contundente. Un estudio publicado en 2014 en Biological Conservation determinó que el 95% de la deforestación ocurre en un radio de 5,5 kilómetros de las vías, y que por cada kilómetro de carretera oficial se generan aproximadamente tres kilómetros de caminos ilegales. Las tasas de deforestación en un radio de 40 kilómetros de la BR-319 ya más que duplican la media amazónica.
Marcio Astrini, director ejecutivo del Observatorio del Clima —que impugnó en 2024 la licencia preliminar de la obra por omisión de consultas a pueblos indígenas— advirtió que las medidas de protección llegan fuera de orden: debieron aprobarse antes de iniciar el asfaltado, no en paralelo. Astrini recordó que el simple anuncio de la reconstrucción bajo el gobierno de Jair Bolsonaro casi duplicó la apropiación ilegal de tierras y la deforestación en la zona.
La decisión encierra una contradicción política notable. Lula, que acogió la COP30 en noviembre de 2025 y ha comprometido internacionalmente la reducción de la tala, busca un cuarto mandato en las elecciones de octubre. La obra cuenta con respaldo firme entre empresarios y políticos amazónicos que la consideran clave para el desarrollo regional. El acto del miércoles se celebró con la presencia de dirigentes locales que integran su coalición electoral.
La carretera que lleva medio siglo entre promesas y litigios plantea hoy una pregunta que excede las fronteras brasileñas: si las compensaciones anunciadas mientras las máquinas ya trabajan pueden contener lo que décadas de investigación científica consideran inevitable.
