Acarigua. Con la visita del abogado Rubén Pérez Silva, miembro fundador del Bloque Constitucional de Venezuela, se realizó la juramentación del consejo regional de Portuguesa, como parte del inicio de una auditoría nacional del sistema judicial que la organización desarrolla en varios estados del país.
El equipo forma parte del despliegue regional de este proyecto, que ya ha sido activado en Portuguesa, Cojedes y Yaracuy, con el objetivo de levantar un diagnóstico integral sobre el funcionamiento de los circuitos judiciales, su infraestructura, condiciones operativas y recursos humanos.
En Portuguesa, el consejo regional quedó integrado por los abogados Eustoquio Martínez, Eusebio Giménez, Nicolás Humberto Varela, Zoila Calderón, José Rafael González Navas y Lennys Márquez, quienes tendrán la responsabilidad de recabar información detallada sobre el estado actual del sistema de justicia en la entidad.
De acuerdo con los promotores, el trabajo contempla la revisión de sedes tribunalicias, el número de tribunales en funcionamiento, las necesidades de personal, el nivel de formación de los funcionarios y las condiciones materiales de las instalaciones judiciales.
El abogado Eustoquio Martínez explicó que el objetivo del consejo regional es elaborar un diagnóstico técnico que permita identificar debilidades estructurales y operativas del sistema judicial en Portuguesa, así como formular propuestas orientadas a mejorar su eficiencia.
Señaló que el levantamiento no solo busca documentar fallas, sino también aportar insumos para la construcción de un sistema judicial más “independiente y autónomo”, en el marco del proyecto impulsado por el Bloque Constitucional.
Recuperación del Estado de derecho
El fundador del Bloque Constitucional de Venezuela, Rubén Pérez Silva, destacó que la iniciativa forma parte de un proceso nacional de revisión del sistema de justicia, orientado a evidenciar la crisis institucional y proponer alternativas de transformación.
Pérez Silva advirtió sobre lo que calificó como una “manipulación permanente del sistema de justicia”, señalando que esta situación ha afectado la independencia de los funcionarios judiciales en el país.
“Muchos jueces han perdido su autonomía y están sujetos a instrucciones de altos funcionarios del gobierno y de autoridades regionales”, afirmó.
Sostuvo que la recuperación del Poder Judicial es clave para la restitución del Estado de derecho en Venezuela, al considerar que sin instituciones judiciales independientes no es posible garantizar justicia ni estabilidad democrática.
El Bloque Constitucional indicó que esta auditoría será extendida progresivamente a otros estados del país, con la finalidad de construir un informe nacional sobre la situación del sistema judicial venezolano y sus principales necesidades. (CNP 25.482)
