Acarigua.- Este viernes, 12 de junio, Foro Penal informó sobre la liberación de tres de los siete oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) condenados por el denominado caso “Sukhoi”, entre ellos el sargento segundo Kelvis Coronel, oriundo del estado Portuguesa.
Los otros militares excarcelados son el teniente Diosmer Rumbos y el sargento mayor de tercera Jhon Jaimes, quienes permanecían recluidos en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), conocido como Ramo Verde.
Los tres formaban parte del grupo de siete oficiales detenidos en 2019 y, posteriormente, acusados de traición a la patria, favorecimiento bélico y revelación de información política o militar, en una investigación relacionada con la supuesta negociación y entrega de información sobre los aviones Sukhoi Su-30MK2 de la Aviación Militar venezolana a la República de Colombia.
Los Sukhoi Su-30MK2 constituyen una de las principales capacidades de combate aéreo de Venezuela. Estas aeronaves comenzaron a ser adquiridas en 2006, durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, tras las restricciones impuestas por Estados Unidos para el suministro de repuestos y equipos militares.
A pesar de las liberaciones anunciadas este viernes, otros cuatro militares continúan privados de libertad por este mismo caso. Se trata del capitán Marcos Bello, el teniente Rodery Prieto, el sargento segundo Antonio Padrón y el sargento segundo Leomar Malvacías.
La condena contra los siete oficiales fue confirmada públicamente el pasado 6 de febrero de 2025 por la abogada y defensora de derechos humanos Tamara Suju, quien denunció que los militares fueron “sometidos a torturas físicas y psicológicas tras su detención en 2019”.
Según Suju, el juicio estuvo marcado por presuntas irregularidades y violaciones al debido proceso. Aseguró que durante la audiencia de apertura, celebrada el 21 de marzo de 2024, no fueron presentadas pruebas concluyentes, varios testigos promovidos por la Fiscalía no comparecieron y no se logró demostrar la responsabilidad individual de los acusados.
Los siete militares fueron condenados el 16 de enero de 2025 a 30 años de prisión, la pena máxima prevista en la legislación venezolana para este tipo de delitos.
Hasta el momento, no se ha ofrecido información oficial sobre las razones de las excarcelaciones ni sobre la situación jurídica de los cuatro oficiales que permanecen detenidos. (CNP 25.482)
