Acarigua.- Los adultos mayores en Venezuela enfrentan una situación de precariedad económica que, según representantes del sector, les impide cubrir necesidades básicas como alimentación, medicamentos y atención médica.
Irma Mendoza, representante del Comité de Defensa de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores, Jubilados, Pensionados y Personas con Discapacidad, cuestionó que la pensión mensual de 130 bolívares, equivalente a unos 0,17 dólares, sea el ingreso con el que deben sobrevivir millones de venezolanos.
“Una pensión de 130 bolívares, equivalente a 0,17 centavos de dólar. Tres comidas al día por 30 días. Sabemos que los adultos mayores se nos están muriendo de hambre y el hambre es la violencia con la que el régimen nos ataca”, afirmó.
Mendoza aseguró que más de 5.803.000 pensionados se encuentran afectados por esta situación y reclamó medidas que permitan recuperar el poder adquisitivo de las pensiones.
También cuestionó la pérdida del valor de los bonos debido a la variación del tipo de cambio entre el momento en que son aprobados y cuando finalmente son cobrados.
“El dólar está a un precio hoy, cuando se aprueba el pago del bono, pero lo cobramos tres o cuatro días después; ya ese dinero está devuelto. Seguimos siendo robados y estafados, además de vulnerables”, sostuvo.
Las declaraciones de Mendoza ocurrieron durante una protesta en el boulevard San Roque de Acarigua, y se producen luego de una reunión entre representantes del Comité y la diputada Dinora Figuera, representante del sector opositor en la comisión designada para el diálogo y la transición en Venezuela.
Durante el encuentro, la delegación expuso las condiciones económicas y sociales de los pensionados, jubilados, adultos mayores y personas con discapacidad, además de entregar una comunicación y un informe sobre las denuncias de vulneración de derechos humanos que, según afirmaron, han documentado ante organismos nacionales e internacionales.
Mendoza aseguró que decidieron aceptar la invitación al espacio de diálogo porque consideran que sus reclamos están siendo tomados en cuenta.
“Nosotros como representantes de los adultos mayores no somos un obstáculo en la mesa de negociación. No nos prestamos a juegos distintos a los que el país exige”, expresó.
El Comité solicitó que la situación de los pensionados, jubilados y trabajadores activos sea incorporada a la agenda de discusión de la comisión de diálogo y transición.
Proponen aumentar las pensiones
Entre las propuestas planteadas por el Comité está el incremento progresivo de las pensiones y del salario mínimo hasta cubrir, en una primera etapa, el costo de la canasta alimentaria y, posteriormente, el de la canasta básica familiar.
Para los trabajadores que aún no se han jubilado, la organización propuso reactivar el Fondo de Pensiones y utilizar recursos provenientes de la actividad petrolera para garantizar la sostenibilidad del sistema.
También reclamó que sean destinados al sistema de pensiones los recursos contemplados en la legislación venezolana para ese fin.
Vinculan crisis económica con situación política
Mendoza también fijó posición sobre la situación política venezolana y afirmó que, para el Comité, una solución a la crisis pasa por el reconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
“La única salida que tiene el país es el reconocimiento a las elecciones realizadas el 28 de julio de 2024. El presidente electo tiene que asumir el cargo para que se resuelva la grave situación que atraviesa el país”, afirmó.
La representante rechazó la posibilidad de realizar un nuevo proceso electoral, al considerar que significaría desconocer la decisión expresada en los comicios de 2024.
“No podemos ir a otro proceso electoral, porque significa anular lo que el 28 de julio de 2024 el pueblo decretó”, sostuvo.
La vocera también denunció presuntas vulneraciones de derechos contra adultos mayores, incluidos casos de personas de la tercera edad privadas de libertad.
“La Constitución de Venezuela, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código Civil amparan a las personas mayores, pero vemos cómo el gobierno tiene a los adultos mayores, incluso algunos privados de libertad, y eso también constituye una violencia a los derechos humanos”, señaló.
Mendoza pidió además que las autoridades de Norteamérica consideren la situación de los adultos mayores dentro de cualquier discusión relacionada con la crisis venezolana.
“A las autoridades de Norteamérica les digo que, a la par de la situación política y económica, están los derechos de los adultos mayores”, expresó.
Por Mariangel Moro Colmenárez (CNP 25.482)
