Un total de 181 funcionarios, entre policías y militares, han sido detenidos en Venezuela en lo que va de año, acusados de violar derechos humanos. Así lo informó este viernes, 14 de octubre, el fiscal del gobierno de Nicolás Maduro, Tarek William Saab.
«Este Ministerio Público está decidido a actuar con todo el peso de la ley. Creo que las estadísticas en estos temas, las cifras con expedientes (…) hablan por sí solas», señaló Saab en una alocución transmitida por Venezolana de Televisión.
El fiscal resaltó que en 2022 han imputado a 533 funcionarios, el doble de la cifra del año pasado, cuando 233 agentes del Estado fueron inculpados.
Señaló además que este año han logrado condenas contra 64 funcionarios y 19 civiles «colaboradores». Así es como la cifra de sentenciados por violación de derechos humanos asciende a 358, desde 2017 hasta la fecha.
Acusaciones falsas
«Son cifras incuestionables que revelan un trabajo, diligencias, investigación, que expresan de manera contundente que mucho de los informes que aparecen cíclicamente, de tiempo en tiempo por algunos organismos, que no vale la pena mencionar, parecieran ser parte del expediente conocido como lawfare (guerra judicial)», añadió.
En este sentido, Saab afirmó que se utiliza el tema de los derechos humanos para hacerle «un expediente al país con cosas totalmente falsas».
«Se dice que hay inacción y no es verdad (…) El Estado venezolano ha dado ejemplo a escala regional. Somos referentes en el hemisferio sobre cómo castigar a funcionarios que no se encargan de cumplir la ley», recalcó.
Con esta afirmación Saab se refirió al informe de la Misión de la ONU, en el que afirmó que funcionarios Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) cometieron crímenes de lesa humanidad.
A pesar de ello, el fiscal reafirmó su voluntad de mantener un «diálogo constructivo» con organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El pasado 7 de octubre, la ONU acordó extender por dos años más el trabajo de la Misión Internacional Independiente de los Hechos, que investiga y documenta violaciones de derechos humanos en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro intentó impedir la aprobación de esta decisión por considerarla una injerencia en sus asuntos internos.
La resolución argumenta que Venezuela no escuchó la mayor parte de las recomendaciones que le ha hecho esta misión en los tres informes que ha elaborado hasta el momento.
Con información de EFE
