Acarigua.- La preocupación de Elitza Miyelis Castillo Méndez aumenta con cada día que pasa sin recibir respuestas sobre la situación de su hermano, el sargento segundo Nomar Eduardo Salcedo Méndez, uno de los militares que mantiene una huelga de hambre en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) de Ramo Verde, en Los Teques, estado Miranda.
“Nos preocupa cómo están allá, su deterioro físico, mental y emocional”, expresó Castillo Méndez a través de un video, en que el pide a las autoridades nacionales e internacionales atender las exigencias de los detenidos y garantizar su integridad física.
Salcedo Méndez, de 27 años, es oriundo del caserío El Nacional, parroquia Caño Delgadito del municipio Papelón, estado Portuguesa. Permanece detenido desde el 24 de enero de 2019 por el denominado caso Cotiza. Su familia asegura que cumplió la condena de siete años y nueve meses de prisión el pasado 24 de octubre, pero todavía no ha recibido la boleta de excarcelación.
En el mismo centro penitenciario también está recluido el sargento Yordanis Camacaro González, otro militar portugueseño detenido también en enero de 2019 por la rebelión militar ocurrida en una unidad de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el sector Cotiza, Caracas. Camacaro también forma parte del grupo de 36 militares que mantienen la huelga de hambre.
La protesta comenzó el lunes 9 de noviembre, a las 6:00 a. m. Los detenidos exigen respuestas sobre sus procesos judiciales y la libertad de quienes aseguran haber cumplido sus condenas.
“Ellos lo que están exigiendo es su libertad, una carta de excarcelación, ya que cumplieron su condena de siete años y nueve meses. Han pasado más de 15 días desde que ocurrió eso y no les han dicho nada. Por eso, decidieron manifestar a través de esa huelga de hambre pacífica”, relató la hermana de Salcedo.
Ocho militares se descompensaron durante la huelga
La preocupación de los familiares se intensificó después de que ocho militares presentaran complicaciones de salud tras cumplir cuatro días en huelga de hambre. Según la información suministrada por sus allegados, los detenidos se descompensaron y recibieron hidratación por parte del servicio médico del centro penitenciario.
Entre los afectados estaban los sargentos Luis Lobo, Padrón Albuja, Juan Bolívar, Giomer Matera, Rafael Mancilla y Romero Catalino, así como el teniente Hugo Aparicio y Tony Guevara.
Posteriormente, la mañana del sábado, 14 de noviembre, el sargento Luis Lobo Medina fue trasladado de emergencia al Hospital Militar por complicaciones de salud. De acuerdo con información recibida por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), el detenido es hipertenso y presenta deficiencia respiratoria.
A estas situaciones se suman las denuncias sobre las condiciones en las que permanecen los huelguistas. Los militares aseguraron que fueron aislados del resto de la población penitenciaria en una cancha del recinto, donde duermen en carpas y permanecen expuestos a la lluvia.
También denunciaron que no les permiten usar los baños ni tienen acceso al agua potable, y que el director del penal no se ha presentado para conversar con ellos.
“No ha venido nadie, no nos han traído agua, no nos dejan ir al baño ni nada. Estamos en la cancha, aislados de la población. El director no ha venido a hablar con nadie. Queremos que nos den respuesta”, expresó uno de los huelguistas a sus familiares.
Suspendieron visitas y familiares temen traslados
Las denuncias sobre las restricciones dentro de Ramo Verde incluyen el cierre del portón que comunica la torre con el patio de la cárcel, una medida que, según familiares, habría impedido a los detenidos acceder al agua potable y a los baños. Señalaron que la orden habría sido impartida por el general Luis Marcelo Ojeda, director general del Servicio Penitenciario de la Fuerza Armada Nacional (FANB).
Este viernes, 13 de noviembre, también fueron suspendidas las visitas para los 235 privados de libertad que permanecen en Ramo Verde. Además, los portones del centro penitenciario fueron militarizados. En rechazo a estas medidas, familiares y allegados realizaron un cacerolazo.
Los familiares temen un posible traslado de los detenidos hacia el Fuerte Guaicaipuro. “Por eso les pido, por favor, que se aboquen, que nos den respuesta, que les den respuesta a ellos y que la respuesta sea positiva”, insistió Castillo Méndez.
Por su parte, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) responsabilizó al Estado por la integridad física y la salud de los militares en huelga de hambre. La organización cuestionó el retardo procesal en el caso Cotiza y exigió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) respuestas sobre la situación judicial de los detenidos.
Por Mariangel Moro Colmenárez (CNP 25.482)
