La organización no gubernamental venezolana Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) alertó sobre el acelerado deterioro de salud que enfrentan 36 militares detenidos por motivos políticos en la cárcel de Ramo Verde, cerca de Caracas, tras superar las 160 horas de huelga de hambre para exigir su excarcelación, el cese de los retardos procesales y la revisión de sus expedientes judiciales.
“El cuadro clínico de los privados de libertad se ha agravado drásticamente”, advirtió la organización a través de la red social X. Precisó que los reportes recopilados hasta el domingo dan cuenta de descompensaciones, dolores estomacales, mareos, náuseas, debilidad generalizada y desorientación, además de serias complicaciones derivadas de enfermedades preexistentes en al menos 18 de los huelguistas, que padecen hipertensión, diabetes y arritmias cardíacas.
El balance divulgado por JEP señala que el cuadro más crítico corresponde al detenido Luis Alfredo Lobo Medina, que “debió ser evacuado de emergencia a un hospital el 14 de noviembre y posteriormente retornado al penal”.
La ONG informó asimismo que las dos mujeres militares que participan en la protesta “solicitaron con urgencia agua potable, sueros de hidratación, protectores gástricos y evaluación médica presencial”.
Denuncias de aislamiento, restricciones de agua y despliegue antimotines
La organización defensora de derechos humanos señaló que, lejos de atender los reclamos sanitarios y jurídicos, las autoridades penitenciarias aplicaron medidas restrictivas contra los manifestantes y el resto de la población reclusa del recinto militar tras registrarse una protesta interna.
“Familiares y ONG denunciaron el fin de semana que, como medida de presión tras el inicio de la huelga, se ordenó cerrar el acceso entre la torre y el patio, dejando a los protestantes sin acceso a agua potable ni a los baños”, indicó JEP.
A estas restricciones se sumó la decisión mediante la cual las autoridades “suspendieron las visitas para la totalidad de los 235 detenidos en Ramo Verde y desplegaron efectivos antimotines tras registrarse un cacerolazo interno”.
JEP demandó “atención médica inmediata e independiente, el restablecimiento de condiciones básicas de supervivencia y que los militares sean incluidos en eventuales excarcelaciones”.
Declaraciones internacionales y propuesta de libertad en el exilio
La situación en el penal militar ha generado alertas de organizaciones internacionales de derechos humanos.
El viernes, Human Rights Watch (HRW) confirmó haber recibido “reportes preocupantes” sobre la integridad de los detenidos, mientras que la directora de la división de las Américas de esa organización, Juanita Goebertus, reclamó a través de X verificar la condición física de los reclusos y proceder a su liberación.
“Urge verificar su salud y garantizar atención médica, agua, y visitas”, publicó Goebertus.
La activista solicitó la excarcelación “cuanto antes” de “todas las personas detenidas arbitrariamente”.
La líder opositora María Corina Machado difundió el sábado en redes sociales una misiva suscrita por más de 150 militares recluidos en Ramo Verde, en la cual denuncian que enfrentan “situación de indefensión, incertidumbre e irregularidad jurídica” como consecuencia de “la inobservancia y violación sistemática” de sus «garantías constitucionales, derechos humanos y del debido proceso”.
Los firmantes plantearon como alternativa humanitaria la concesión de libertad en el exilio para los detenidos por razones políticas, para lo cual solicitan la mediación de Noruega y “demás países”.
El Nacional

