Acarigua.- Productores del estado Portuguesa denunciaron ante el Ministro de Agricultura y Tierra, Wilmar Castro Soteldo, las pretensiones del Gobierno regional de obligarlos a pagar tributos por la actividad agrícola, a través de una ley ya aprobada por el Consejo Legislativo del estado Portuguesa (Clep).
Castro Soteldo fue emplazado por los agricultores de Portuguesa, este jueves 11 agosto, durante el Encuentro de maiceros de Venezuela, desarrollado en la finca La Placera de AgroFan, en Maracay, estado Aragua, y donde se dieron cita, productores de estados Barinas, Portuguesa, Cojedes, Lara, Guárico, Monagas y Bolívar.
Aunque el tema principal fue analizar el presente y futuro del cultivo del maíz en Venezuela, los trabajadores del sector primario de Portuguesa, fijaron su posición contra la implementación de la nueva Ley del Sistema Tributario de Portuguesa, en la que, entre otros aspectos, se contempla el cobro de un impuesto predial de 120 dólares al año por hectárea.
«Mientras el Ejecutivo nacional crea zonas económicas especiales con la exoneración de impuestos para atraer inversionistas, en Portuguesa se van por el camino contrario, creando nuevos impuestos que espantan la inversión privada impulsora del desarrollo económico». Así lo señaló Ramón Elias Bolotín, líder agrícola de la región.
Destacó que entre otras cosas que establece esta nueva ley, que ya fue aprobada en primera discusión por el ente legislativo de la región, está un cobro de 90 dólares por cada viaje para transportar granos y otros rubros que se produzcan en el estado.
«Asimismo habrá un cobro de una alícuota del 1,5 % por cada financiamiento agrícola que reciba el productor», señaló el también directivo de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro).
«Denunciamos lo inoportuno de castigar la actividad agrícola, justo en el momento que se está recuperando de una profunda crisis. El campo portugueseño lo que necesita son condiciones propicias para desarrollarse y no un freno», expresó Bolotin.
Advirtió, además, que de prosperar esta política estatal de gravámenes a la actividad agrícola en Portuguesa, es posible que se propague a otras regiones productoras de alimentos del país. «Al final de cuentas el gran perdedor es el consumidor que verá aumentar el precio de los alimentos nacionales». (CNP 25.482)
