Madrid- Por no haber declarado sus derechos de autor en los años 2008, 2009 y 2010, Joaquín Sabina tendrá que pagar 2,5 millones de euros al ministerio de Hacienda español
Así lo indicó este miércoles la justicia española, que había desestimado el recurso que impuso el cantante, después de que en 2014 el Gobierno de España le reclamara a Sabina el pago de más de cuatro millones de euros y embargara provisionalmente algunos de sus bienes y el cantante cuestionara la medida.
Según indica la sentencia, el artista figuraba como socio o administrador de tres empresas familiares: Ultramarinos finos, Relatores y El pan de mis niñas. Con estas firmas gestionaba inmuebles, un velero, libros antiguos y sus derechos de autor.
La explotación de estos últimos le habrían generado más de 12 millones de euros durante los tres años que figuran en la inspección tributaria. Sin embargo, en la declaración, Sabina los adjudicaba a la “realización de galas, ‘royalties’, ventas nacionales de discos, colaboraciones en prensa, etc”.
En su declaración, el andaluz alegó a través de su defensa que no tenía relación con alguna de esas sociedades, de las que intentó desligarse. Y sin embargo, para los jueces esta posición resultó “inverosímil”.
Así, determinaron que el cantante tuvo una tributación inferior a la que le correspondía, “que hubiera determinado un tipo de gravamen superior al del Impuesto sobre Sociedades, y un consiguiente aumento de la renta a imputar”.
El antecedente de Shakira y los impuestos
En tanto, la cantante colombiana Shakira también atraviesa una complicada situación judicial en España por el mismo motivo. La semana pasada, la expareja de Gerard Piqué perdió la última oportunidad que tenía para evitar el juicio por fraude fiscal.
La Audiencia de Barcelona confirmó que existían indicios de que había defraudado más de 15 millones de dólares a Hacienda. Aunque la posibilidad de un pacto con la Fiscalía permanece abierta, la artista no ha logrado evitar el juicio.
El juez sostuvo que, entre 2012 y 2014, la cantante ya era residente fiscal en España y, por tanto, debía pagar sus impuestos en ese país, cosa que no hizo.
